La mañana del 28 de febrero de 2026 quedará marcada en los libros de historia no solo por el estallido de un conflicto a gran escala, sino por la consolidación de una modalidad de guerra que amenaza con desmantelar los cimientos del orden internacional: el asesinato selectivo de altos mandatarios estatales. La confirmación de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, durante la operación conjunta de Estados Unidos e Israel conocida como “Furia Épica”, representa la culminación de un proceso de erosión jurídica que nos precipita hacia un caos de dimensiones épicas insospechadas.
Lo que hoy vemos como una ofensiva militar para desmantelar un programa nuclear, es en realidad, la normalización de una estrategia que durante décadas se limitó a actores no estatales. El precedente sentado con el asesinato del general Qasem Soleimani en 2020 ya advertía sobre este peligro; en aquel entonces, expertos señalaron que atacar a un funcionario de alto rango de un Estado soberano difuminaba la frontera entre la paz y la guerra, marginando al derecho internacional. Hoy, al escalar esta táctica hasta la figura del jefe de Estado, la arquitectura legal que pretendía regular el recurso a la guerra luce herida de muerte frente a la primacía de la fuerza bruta.
Esta modalidad de “decapitación de liderazgo” es un arma de doble filo. Si bien Washington y Jerusalén justifican estas acciones como “ataques preventivos” para eliminar amenazas existenciales y forzar un cambio de régimen, la realidad histórica sugiere que estos actos suelen desencadenar una ola de venganza incontrolable. Irán ya ha prometido un “castigo severo” y la ofensiva más feroz de la historia, activando lo que denomina la “Operación Verdadera Promesa IV”. Esta respuesta no se ha limitado a objetivos militares, sino que ha extendido las llamas del conflicto a zonas residenciales y hoteles de lujo en Dubái, Bahréin y Kuwait, demostrando que el terrorismo de Estado genera, inevitablemente, más terrorismo.
El riesgo sistémico de esta práctica es el colapso del sistema internacional basado en reglas. Como han denunciado potencias como China y Rusia, atacar a un Estado soberano y asesinar a su líder sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU socava los cimientos de la paz establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, empujando al mundo de regreso a la “ley de la selva”. En este escenario, la soberanía nacional se vuelve una ficción y cualquier líder desafecto a los intereses de las potencias dominantes se convierte en un objetivo legítimo.
Las consecuencias de este precedente ya son palpables, el cierre del Estrecho de Ormuz, una arteria crítica que transporta un tercio del petróleo marítimo mundial, ha disparado los precios de la energía y amenaza con una catástrofe económica global. Peor aún es el costo humano, ilustrado trágicamente en la masacre de más de 100 niñas en una escuela primaria en el sur de Irán tras un bombardeo, un crimen que la República Islámica ha prometido que no quedará sin respuesta.
Estamos ante un punto de inflexión. Si el mundo permite que el asesinato de líderes estatales se convierta en un instrumento aceptable de política exterior, habremos abierto una caja de Pandora de la que solo saldrá una espiral interminable de represalias y una inestabilidad prolongada. La comunidad internacional debe condenar este precedente peligroso antes de que la barbarie se convierta en la nueva norma y el planeta se sumerja definitivamente en un abismo de violencia que nadie podrá controlar.
