La corrupción en la República Dominicana ha sido, históricamente, un monstruo de muchas cabezas. Nos hemos acostumbrado a verla en el asfalto de carreteras mal construidas, en sobrevaluaciones de obras grises o en nóminas abultadas. Pero cuando la corrupción cruza el umbral de un hospital y mete la mano en la caja del dinero de las medicinas de los usuario que pagan mes por mes, deja de ser un delito financiero para convertirse en un crimen de lesa humanidad.
El reciente escándalo destapado con el apresamiento de algunos que se señalan como parte del entramado corrupto del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no es solo un desfalco contable; es una radiografía de la indolencia. No estamos hablando de dinero ocioso; hablamos de fondos sagrados destinados a salvar vidas.
Las investigaciones revelan una maquinaria de sustracción tan sofisticada como perversa. Mientras miles de afiliados hacían filas interminables, rogando por la autorización de un medicamento oncológico o una cirugía urgente, un Call Center paralelo operaba en las sombras. Allí, una mafia de cuello blanco autorizaba cirugías fantasmas y procedimientos ficticios a pacientes que nunca pisaron un quirófano.
Es escalofriante pensar en la frialdad necesaria para ejecutar este esquema. Por un lado, se negaba cobertura a un padre o madre de familia real bajo la excusa de «fallas en el sistema» o falta de fondos; por el otro, se drenaban decenas de millones de pesos en autorizaciones falsas. Se robaron la salud de unos para financiar el lujo de otros.
Pero el entramado no actuaba solo. La complicidad del sector privado es innegable y vergonzosa. El esquema de «pago capitado», donde ciertas clínicas recibían millones de pesos fijos mensuales por afiliados que jamás atendían, convirtió al paciente en una mera estadística rentable. Clínicas que cobraban por «no hacer nada», mientras el sistema público colapsaba. Son tan culpables como el funcionario que firmó el cheque, pero se puede apostar mucho a poquito, que la justicia no cruzará esa frontera.
La cifra que oscila en miles de millones de pesos es difícil de imaginar. Pero intentémoslo: ¿Cuántas diálisis caben en miles de millones? ¿Cuántos tratamientos de quimioterapia? ¿Cuántas vidas se apagaron esperando una autorización que nunca llegó porque el dinero ya estaba en el bolsillo de un corrupto?
Ante este panorama, la sociedad dominicana no puede conformarse con titulares de prensa ni con «suspensiones de contratos». La indignación debe transformarse en una exigencia férrea de justicia. No queremos chivos expiatorios ni mandos medios en el banquillo; queremos a los arquitectos del fraude.
La justicia debe ser implacable. Se debe aplicar la Ley de Extinción de Dominio para recuperar cada peso robado. No basta con la cárcel; deben devolver lo que le quitaron a la salud del pueblo. Aquellos que se lucraron con la enfermedad ajena no merecen solo el repudio social, merecen todo el peso de la ley penal.
Robar en educación es hipotecar el futuro, pero robar en salud es decretar la muerte administrativa de los más vulnerables. Que este escándalo en SeNaSa sea el punto de inflexión. Que los responsables sepan que enriquecerse a costa del dolor ajeno es una línea que, una vez cruzada, no tiene retorno ni perdón.
Justicia, caiga quien caiga. Porque con la salud no se juega, y con el dinero de los enfermos, mucho menos.
