Buenos días. La presión social y política hizo posible que la Ley 1-24, que creaba la perniciosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fuera anulada por el Tribunal Constitucional por considerarla “no conforme con la Constitución». Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) canalizaron por ante la Alta Corte una demanda en ese sentido, interpretando de manera oportuna el rechazo generalizado que los diversos sectores mostraron ante la referida legislación. Aunque desde el Gobierno se intente minimizar tan importante conquista, alegando que la decisión nada tuvo que ver con el contenido de la pieza sino con la forma como fue aprobada, los dominicanos tienen sobrados motivos para celebrar la anulación. Con razón se advirtió desde diferentes litorales que la Ley 1-24 desconocía mandatos de la Constitución Dominicana, respecto a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y que, a la vez, entraba en contradicción con disposiciones recogidas en otras legislaciones, que claramente preservan los derechos y privacidad de las personas. La sociedad debe seguir atenta ante cualquier pretensión, maniobra e intento por imponer limitaciones y mordazas a medios y periodistas, así como a la ciudadanía en sentido general. ¡No hay que permitirse la vulneración irresponsable e interesada de nuestro estado de derecho!
