Buenos días. Es a todas luces innecesaria y perturbadora la disposición del Gobierno que solicita a los empleados púbicos, presentar sus recibos de pago de los servicios de agua y luz. El presidente Luís Abinader aclaró este lunes que la medida no es obligatoria y que, incluso, pudiera resultar beneficiosa para los servidores que menos ganan, en tanto podrían ser incluidos en el Bonoluz. Independientemente de lo aclarado por el presidente, en la disposición del MAP hay un propósito que no fue explícito. Si bien podría resular que se de un espaldarazo a los que ganan menos y pagan por encima de sus posibilidades, la pregunta es qué pasará con aquellos que las autoridades estimen lo contrario. ¿Se les aumentará la tarifa eléctrica? De resultar así, el Gobierno estaría tratando de curar la fiebre que afecta al sector eléctrico echándole cloro a la sábana. Y aunque no hay que negar la posibilidad de que registre algún aumento en las recaudaciones vías ambos servicios, es dudoso que esa sea la panacea. Es cierto que pudieran detectarse desajustes que el Gobierno pudiera corregir, como se ha asegurado sin afectar a los que menos ganan, pero lo adecuado sería que se enfrente a los verdaderos evasores del pago de los servicios de agua y luz. Desde hace bastante tiempo se rumora, incluso organismos internacionales han llamado la atencion sobre el particular, que una considerable cantidad de empresas y negocios en este país, tambien sonorosas residencias, se la ingenia para pagar cuotas ínfimas por sus altos consumos de los citados servicios. Ese parece un excelente terreno que la autoridad debiera explorar en vez de entretenerse en acciones que de ninguna manera acabarán con los actuales problemas eléctricos que se hacen insostenibles para el país.
