Santiago de los Caballeros.- El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y quien también ocupara la vicepresidencia del Ayuntamiento de Tamboril durante cuatro años, Luis Céspedes Peña, considera que la modificación a la Constitución debe restablecer el modelo de cuatro años de gobierno, con un intervalo de 48 meses, la asignación de una candidatura legislativa mínima para cada Municipio no cabecero, la no creación del Ministerio Público Independiente, la unificación de la diferentes elecciones, la eliminación de los diputados nacionales, así como la reducción de las 18 diputaciones del Distrito Nacional.
También plantea, aunque no está en el proyecto de reforma, que la “Constitución les devuelva decenas de kilómetros en territorios a Municipios no cabeceros, los cuales fueron despojados por algunas provincias, como son los casos de Tamboril, Licey al Medio y Puñal.
Con relación a la candidatura presidencial, manifiesta que es importante evitar la reelección consecutiva, retomando así el modelo de la Constitución del 2010. Observó que eso permite mantener los liderazgos y ofrece menos oportunidades para supuestos fraudes electorales.
“Ese modelo, de gobierno del Presidente Leonel Fernández, como el de volver a unificar las elecciones nacionales con las congresionales y municipales, le ahorra al país millones de pesos, como tiempo a favor de los votantes”, dijo.
El comunicador explicó que “su postura es en respuesta a parte de la propuesta de modificación constitucional, hecha por la Presidencia de la República”.
Señaló que tampoco se debe pensar en una modificación constitucional para un tipo de gobierno de seis años, modelo que contribuye a la creación de dictaduras. Precisó que el hoy ex Presidente Donald Trump tiene la posibilidad de volver a dirigir a Estados Unidos, debido a que cumplió con un período de cuatro años, con un intervalo de 48 meses, aunque para él fue obligatorio, debido que no ganó la reelección consecutiva cuando aspiró.
También plantea dejar sin efecto la idea de la creación del Ministerio Público Independiente, en virtud de que no es cierto que ese organismo permitiría el desarrollo de una Justicia con independencia. “Eso no es verdad y ahí estoy de acuerdo con el ex Presidente Hipólito Mejía, que sostiene que no hay Justicia independiente”, añadió.
Dijo que en el modelo actual de Justicia la corrupción es mayor que antes, sólo que es más institucional. Dijo que lo correcto es que se vuelva al anterior sistema de designaciones de fiscales de parte del Presidente de la República y quien, junto a su partido, sería el responsable del buen o mal funcionamiento de esos magistrados, incluyendo al máximo representante de la Procuradoría General de la República.
Destacó que la Justicia de hoy, a parte de la corrupción, es fiscalista, donde casi todas las personas que son detenidas tienen que sufrir las ya famosas Medidas de Coerciones, debido a que no se hacen investigaciones, como se hacía antes, para determinar si un detenido es culpable o no de un hecho. “Pero también hay que admitir que hay fiscales honestos, responsables y trabajadores, como podríamos citar el general de Santiago, Osvaldo Bonilla”, aseguró.
También explicó que la lucha contra la delincuencia o la violencia era más efectiva cuando se permitía el recibimiento de querellas en la Fiscalía y la Policía de cada jurisdicción. “Ahora es sólo en la Fiscalía”, indicó. Dijo que muchas de las muertes, especialmente de mujeres, que se originan los sábados o domingos, ocurren porque las Fiscalías están cerradas esos días, lo que no sucedía cuando las víctimas también podían querellarse en la Policía, lo que permitía la rápida intervención de ese órgano. “Se permitía recibir querellas en la Policía y la Fiscalía”, aclaró.
“Cuando había quejas del pueblo, con el viejo sistema, el poder político inmediatamente hacía llegar los casos al Presidente de la República y si los mismos ameritaban la cancelación de una determinada autoridad judicial o el traslado a otra dependencia se hacía, lo que no existe en los actuales momentos”, manifestó.
Sugirió la obligatoriedad constitucional a favor de la mayoría de los Municipios del país, a los cuales se les debe fijar por lo menos un puesto legislativo en cada elección.
El periodista señala que, en el caso de la Provincia Santiago, como en otras, más del 93 por ciento de las candidaturas a diputados y el senador son de los Municipios cabeceros.
Recordó que en el caso de Tamboril, uno de los Municipios más industrializados del país, que pertenece a la Provincia Santiago, el gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, mantuvo por varios períodos como diputado a Alberto Valentín, mientras que el Partido Reformista lo hizo con Príamo Comprés Rodríguez y el empresario Fernando Capellán.
El seguimiento continuó con Dimas Felipe D,Meza Chávez, del 1978 al 86, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). “De ahí a la fecha, las direcciones de los partidos políticos no le asignan una candidatura legislativa a Tamboril”, aclaró.
Indicó que en la Provincia Santiago, para sólo poner un ejemplo, la Constitución debe asignarles por lo menos una candidatura legislativa a Licey al Medio, Puñal, Navarrete, Villa González, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas y Tamboril.
“La Provincia Santiago tiene 18 diputados y un senador, los cuales, casi siempre, con algunas excepciones, son asignados al Municipio cabecero”, citó. Y dijo: “La Provincia tiene diez Municipios en total, por lo que, asignándole un mínimo de una candidatura a las nueve comunidades menores, todavía quedan nueve diputados para el Municipio de Santiago y posiblemente la de senador”, aseguró.
El periodista Luis Céspedes Peña también pide que en la reforma a la Constitución, que no está en la propuesta del Presidente Luis Abinader, se le devuelvan los territorios que muchos Municipios cabeceros y provincias les quitaron a municipalidades más pequeñas, violando la Ley sobre la materia, que indica que un “Municipio no debe tomar decisiones en perjuicio de otro”, como es el caso de Tamboril, que desde los años 60 a la fecha, fue despojado de más de la mitad de su jurisdicción.
Observó que daños similares sufren los Municipios de Puñal y Licey al Medio, a beneficio del Ayuntamiento de Santiago, lo que prohíbe la propia Constitución. “En materia de territorio, Licey al Medio, si no fuese por la influencia que tienen sus líderes, no calificaría ni para Distrito Municipal, fruto de ese despojo territorial que se le hizo”, precisó.
Afirmó que en la década de los 80, Puñal, que todavía no era Municipio, su territorio comenzaba próximo al Hotel Matum, pero ya está a varios kilómetros lineales citando como parámetro la Autopista Duarte, donde el Ayuntamiento de Santiago colocó un letreo señalizador, dividiendo ambos territorios.
Dijo que esos despojos pasan millones de pesos mensuales en impuestos a los Ayuntamientos cabeceros de la zona, como son los casos de Santiago, Moca y Puerto Plata, en perjuicio de los más pequeños. “No sólo eso, sino que millares de votantes de los Municipios más pequeños ya votan en territorios pertenecientes a otros Municipios de Santiago, Espaillat y Puerto Plata, debido a que las Mesas Electorales que había antes en esos límites, pasaron a nuevas jurisdicciones.
Destacó que esos movimientos no son gratuitos, sino que llevaron cientos de millones de pesos a los bolsillos de legisladores y otros interesados para aprobar esas transferencias territoriales.
Informó que, en el caso de Tamboril, su pueblo natal, éste sufrió el despojo de la Sección Arroyo del Toro, en la década de los años 70, una de las comunidades rurales del país más extensas en territorio, con la mayor riqueza de ámbar, pastos, árboles frutales y maderables, siendo adjudicada a Puerto Plata.
“Y también sufrió el despojo de San Víctor y Ceiba de Madera, adjudicados a la Provincia Espaillat”, dijo. Aseguró que todavía en los años recientes, Tamboril perdió a las Secciones Gurabo, casi a Pontezuela por completo y parte de Guazumal. “Antes se le había quitado a Hoya del Caimito, la mayoría de los territorios de las Secciones Monte Adentro y Don Pedro”, explicó.
Esos territorios fueron adjudicados al Ayuntamiento de Santiago, abarcando las gestiones de los Partidos Reformista (PR), Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD). Recordó que el límite de Tamboril con Santiago era Villa Progreso, en la década de los años 60, después de la muerte de Trujillo, y luego (en los 80), se produjo otro despojo que llevó la división a El Guano. “Y ya está después del puente de Pontezuela, que ahora es de los santiagueros, unos tres kilómetros lineales entre ambos pueblos”, dijo.
Informó que hay una legislación pendiente, que parece que no fue firmada por el Presidente Danilo Medina, que extiende el territorio de Santiago hasta el puente Guazumal, para así arrastrar con la Zona Franca de Tamboril, otra franja de los guazumaleños, parte del Licey al Medio, para pasar territorialmente al Aeropuerto Internacional del Cibao, que está en esa jurisdicción, al control de los santiagueros. “También despojaría de otra área territorial de Puñal.”, afirmó.
“Ya el Ayuntamiento de Santiago tenía policías municipales asignados en el área del elevado de la Circunvalación Norte (frente a la Zona Franca), correspondiente a Tamboril, pero por la presión de los tamborileños fueron retirados. “Eso hace menos de dos años”, añadió.
Para hacer frente a esa situación, el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén, colocó un arco, ahora antes del puente de Pontezuela, que dice: Bienvenidos a Tamboril”. “Fue una respuesta de Germosén a los despojadores de terrenos en contra de Tamboril, lo que lo enfrentó con algunas autoridades de Santiago”, aseguró el periodista. Informó que esa misma política de señalización la está aplicando el Municipio de Puñal.
El periodista Luis Céspedes Peña indicó que, “incluso, las urbanizaciones que están en la partecita que queda de Pontezuela Tamboril, los apartamentos son vendidos como si estuvieran en territorio del Municipio de Santiago”.