La reciente suspensión de las exportaciones de mango hacia los Estados Unidos por parte del Departamento de Agricultura de ese paí no es una sorpresa repentina; es la crónica de un colapso. Si bien el foco mediático se ha centrado en las pérdidas millonarias de los productores de Peravia, este incidente es apenas la punta del iceberg de una crisis sistémica en el sistema de sanidad vegetal y animal de la República Dominicana. De no tomarse medidas drásticas e integrales, el país se arriesga a un efecto dominó que socavará la competitividad de todos sus rubros exportables y pondrá en jaque la seguridad alimentaria nacional.
El detonante técnico fue el incumplimiento del protocolo para el control de la mosca de la fruta. Una auditoría de seis semanas reveló debilidades inaceptables, trampas mal mantenidas, presencia de la plaga superior al límite de 0.5% permitido y fincas con frutas podridas en el suelo que actuaban como focos de propagación. Sin embargo, el problema de fondo es institucional. Se denuncia que desde 2020 se ha desmantelado la estructura técnica del Ministerio de Agricultura, cancelando a cientos de especialistas y dejando puestos clave en manos de personal no calificado, por compromisos políticos. Esta falta de personal se refleja en cifras alarmantes, un déficit del 60% de técnicos en invernaderos y un deterioro del 50% en los controles de puertos y aeropuertos.
Pero el mango es solo una víctima más. El sector bananero ya ha sentido el rigor de esta deficiencia con la entrada del Ácaro del Bronceado, lo que contribuyó a que las exportaciones de banano cayeran un 39% entre 2021 y 2025. En el subsector pecuario, la Peste Porcina Africana ha devastado la producción nacional, obligando al país a depender de las importaciones para suplir la demanda de carne de cerdo. Incluso el aguacate ha enfrentado restricciones en mercados como Puerto Rico por razones similares.
Lo más preocupante es la falta de preparación ante amenazas inminentes. Actualmente, el país carece de protocolos oficiales para enfrentar enfermedades devastadoras como la Monilia del cacao o el Fusarium Raza 4 Tropical, que ya afecta a bananos y plátanos en países vecinos de la región. El deterioro fitosanitario no solo cierra puertas en el extranjero; erosiona la confianza en la marca país y desincentiva la inversión en el campo.
Las consecuencias económicas son escalofriantes. Se estima que las pérdidas acumuladas por fallas fitosanitarias desde agosto de 2020 superan los 3,008 millones de dólares. A esto se suma un impacto social profundo, la pérdida de más de 84,000 empleos en el sector agropecuario y el encarecimiento de la canasta básica familiar.
Esta crisis se ve agravada por una escasez agronómica. Los jóvenes dominicanos no ven un futuro atractivo en el campo debido a los bajos salarios y la falta de apoyo estatal sostenido. En una graduación de la UASD en 2012, de 766 profesionales, solo cuatro correspondieron a ciencias agronómicas. Sin un relevo generacional capacitado y motivado, cualquier intento de modernización tecnológica será infructuoso.
Aunque el Ministerio de Agricultura ha anunciado planes correctivos, como la revisión del 100% de las trampas y la creación de nuevas comisiones de monitoreo, la respuesta debe ser más profunda. Es imperativo declarar una Emergencia Fitosanitaria Nacional que permita restablecer de inmediato los programas de vigilancia y reincorporar al personal técnico especializado que fue desvinculado.
El uso de tecnologías como drones para fumigación de precisión y sistemas digitales de información agropecuaria es un paso en la dirección correcta, pero estas herramientas solo son efectivas si hay cerebros capacitados detrás de ellas. La sanidad agropecuaria es una cuestión de seguridad nacional. Si seguimos ignorando la importancia de proteger nuestras fronteras biológicas, el mango será solo el primero de muchos productos que verán cerrarse las puertas del mundo, dejando a nuestros productores en la ruina y a nuestra población con una oferta alimentaria precaria e insegura.
