Santiago de los Caballeros se erige, no sin dolor, sobre un futuro prometedor. La construcción del monorriel, un proyecto vital que busca catapultar a la Ciudad Corazón hacia una movilidad moderna y eficiente, debería ser una celebración unánime. Prometido para transportar 20,000 pasajeros por hora y reducir significativamente el gasto y tiempo de recorrido, su llegada debería ser sinónimo de avance. Sin embargo, la cruda realidad sobre el terreno nos obliga a un examen crítico. Esta gran obra se está levantando sobre un cimiento de inobservancias y violaciones normativas que ponen en jaque la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
La visión de un transporte masivo de alta capacidad contrasta con el presente de Santiago. La construcción del monorriel ha sumido a la ciudad en un caos vehicular intolerable, resultado de una flagrante falta de planificación vial adecuada. Desvíos improvisados, señalización deficiente y carriles reducidos han convertido recorridos de quince minutos en viajes de más de una hora, afectando la calidad de vida y golpeando devastadoramente la economía local. Pequeños negocios ven caer sus clientes, amenazados de cierre. La inacción de las autoridades frente a estas quejas es una afrenta a la paciencia ciudadana.
El costo humano es palpable. La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) ha alertado sobre la inminente pérdida de empleo de hasta 3,700 choferes, un daño colateral sin que todavía inicie una discusión seria del plan de compensación por parte del Gobierno. Tal como sucede con el teleférico, que no solamente ha ignorado el plan de adecuación de las rutas de carros, si no que aún están operando de forma paralela, haciendo así más inutil la inversión de los cajones vacíos. Este sector, columna vertebral por décadas, se siente ignorado, augurando un colapso y riesgo de anarquía en las calles. A esto se suma la alarmante desviación de la ruta original, amenazando un pulmón ecológico vital en el Reparto Universitario. Un cambio que evidencia improvisación y grave violación ambiental al afectar flora y fauna en peligro y un manantial natural. La percepción pública de inseguridad, por las ‘vigas finas’ y la falta de información, profundiza la desconfianza ciudadana.
La opacidad es otra sombra que se cierne sobre el proyecto. La denuncia de un aumento presupuestario de casi el doble, de 600 a 960 millones de dólares, sin trayectoria definida, refuerza un patrón de promesas eternas que jamás llegan en el tiempo pactado ni con el costo prometido. Algunos líderes sindicales no dudan en afirmar que la obra se construye para drenar recursos públicos. Las normas dominicanas exigen planes de seguridad, señalización y protección para trabajadores y público. Sin embargo, la realidad expone reiteradas inobservancias que comprometen la calidad y seguridad de la obra. La vida de los ciudadanos y la integridad de sus vehículos privados se exponen a grandes riesgos de deterioro y accidentes, mientras las autoridades priorizan la velocidad de conclusión sobre la vida. Es una preocupante muestra de negligencia estructural.
El monorriel es un faro de progreso. Pero este, sin respeto por la vida, el medio ambiente y la dignidad, es un espejismo. La inobservancia de normas, la falta de transparencia, la improvisación en la planificación y la desatención a las consecuencias sociales y ambientales no pueden ser el precio del desarrollo. Es imperativo que el Gobierno asuma una responsabilidad integral, garantizando coherencia entre discurso y práctica. Santiago no merece un adorno costoso y peligroso; merece una obra que refleje los más altos estándares, no solo al final, sino en cada etapa. La seguridad y la confianza se construyen día a día, con transparencia y respeto. El costo de no hacerlo será impagable.
