La República Dominicana ha estado en el ojo del huracán por su rol como puente clave en el tráfico internacional de drogas, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. A lo largo de los años, las autoridades dominicanas han hecho reiterados anuncios de grandes decomisos de estupefacientes, reportando cantidades masivas de cocaína, marihuana y otros narcóticos interceptados en puertos, aeropuertos y en alta mar. Sin embargo, al analizar detenidamente el panorama, surge una inquietante pregunta: ¿Qué ocurre realmente detrás de estos decomisos?
Los titulares frecuentemente destacan cifras exorbitantes de drogas incautadas, pero rara vez se obtiene información detallada sobre los responsables detrás de estos cargamentos. La narrativa oficial se centra en la droga interceptada, mientras que los nombres de los remitentes, destinatarios, o los cabecillas de las operaciones permanecen en el anonimato. En los casos en que se reporta la detención de algún individuo, la información tiende a diluirse, sin que se revelen identidades, ni mucho menos se den detalles sobre el desenlace judicial. Esta situación ha creado la percepción de una «lucha antinarcóticos» que, a pesar de los anuncios grandilocuentes, parece no tener resultados efectivos y duraderos en términos de justicia.
Uno de los aspectos más preocupantes de la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana es la constante dependencia de la intervención de los Estados Unidos. Casos de alto perfil, como los de César Emilio Peralta («César el Abusador») o Yamil Abreu Navarro, revelan un patrón inquietante: las autoridades dominicanas parecen más dispuestas a extraditar a los narcotraficantes a los EE. UU. que a procesarlos y enjuiciarlos en su propio territorio. Esto plantea una serie de preguntas incómodas: ¿por qué se prefiere extraditar a los grandes capos en lugar de juzgarlos y confiscar sus bienes localmente? ¿Es esta una manera de evitar revelar complicidades dentro del sistema local?
El proceso de extradición a los Estados Unidos a menudo permite que los bienes de estos narcotraficantes, que pudieron haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas, no sean confiscados por el Estado dominicano. Una vez en EE. UU., muchos de estos narcotraficantes llegan a acuerdos que les permiten reducir sus condenas y eventualmente disfrutar de sus riquezas sin que sus bienes en la República Dominicana sean objeto de un proceso legal exhaustivo. Esta actitud estatal de renunciar al enjuiciamiento local en favor de la extradición refuerza la percepción de una lucha antinarcóticos superficial y manejada desde el exterior.
Uno de los aspectos más perturbadores es que las autoridades dominicanas tienen un conocimiento detallado de la ubicación de puntos de drogas en todo el país. En el pasado, diversas investigaciones han revelado que la Policía Nacional y otras instituciones encargadas del orden público poseen mapas con la ubicación exacta de estos puntos de distribución, así como información sobre los responsables de administrarlos. Sin embargo, este conocimiento rara vez se traduce en acciones contundentes que desmantelen estas redes. La pregunta es: ¿por qué se permite la operación continua de estos puntos? ¿Acaso existe una complicidad entre el aparato estatal y las redes de microtráfico?
Además, el narcotráfico no solo ocurre en las calles, sino también dentro de las cárceles dominicanas. Es bien conocido que muchos de los negocios de microtráfico son manejados desde los recintos penitenciarios, una responsabilidad que recae directamente sobre la Procuraduría General de la República. Esta situación no solo agrava el problema, sino que expone la fragilidad y corrupción interna del sistema penitenciario. La impunidad que parece rodear estas operaciones genera una desconfianza creciente en la capacidad y voluntad del Estado para enfrentar el narcotráfico de manera efectiva.
Otro factor relevante a considerar es la cantidad de droga interceptada en relación con la confianza de los narcotraficantes en que sus cargamentos pasarán sin problemas. De hecho, se ha observado que las rutas por las cuales se decomisan grandes cantidades de droga son las mismas por las que circula un mayor volumen. Es decir, los narcotraficantes arriesgan cargamentos más grandes cuando tienen más confianza en que podrán pasar. Esto sugiere que los decomisos son, en muchos casos, producto de «errores de cálculo» por parte de los narcotraficantes, o incluso distracciones para que otro cargamento mayor pase desapercibido.
Además, el destino de la droga incautada también genera dudas. En muchos casos, no está claro qué sucede con la droga decomisada. ¿Se destruye realmente toda? ¿Existe una trazabilidad clara que garantice que no se recicla de alguna manera dentro del mismo sistema que supuestamente la combate?
La lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana parece más una fachada bien orquestada que un esfuerzo serio por erradicar el problema. La falta de transparencia en los procesos judiciales, la dependencia en las extradiciones a los Estados Unidos y el conocimiento público de puntos de drogas que siguen operando con total impunidad son señales alarmantes de un sistema que está lejos de ser efectivo. Mientras los grandes anuncios de decomisos continúan, el narcotráfico parece prosperar bajo la sombra de un Estado que, voluntariamente o no, ha fallado en su misión de proteger a sus ciudadanos de este flagelo.
Para que la lucha antinarcóticos en la República Dominicana sea verdaderamente efectiva, se necesita más que anuncios de incautaciones y extradiciones. Es necesario un compromiso real con la justicia, la transparencia y la erradicación de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. Sin estos elementos, la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo un espectáculo vacío, mientras los verdaderos culpables continúan operando con impunidad.
