Los diez puntos de la pesadumbre social

Por Pedro Cruz Pérez

La República Dominicana atraviesa una coyuntura crítica donde la acumulación de problemas estructurales y la falta de soluciones han sembrado un malestar palpable en la sociedad. A partir del análisis de las situaciones recientes, se desprenden diez puntos de fallas gubernamentales que, lejos de resolverse, se han convertido en una pesadilla colectiva.

1. Gestión violenta de protestas y erosión de derechos civiles. Los disturbios en Hoyo de Friusa, con enfrentamientos entre policías y manifestantes, uso de bombas lacrimógenas y versiones contradictorias sobre la represión, evidencian una estrategia fallida para manejar el derecho a la protesta. El gobierno prioriza el control sobre el diálogo, criminalizando la disidencia en lugar de abordar las demandas sociales. El uso excesivo de la fuerza en protestas refleja una deriva autoritaria. En lugar de escuchar los reclamos legítimos de la población, el gobierno recurre a tácticas represivas que vulneran derechos fundamentales. La ausencia de mecanismos efectivos de diálogo refuerza la percepción de un gobierno desconectado de la realidad social.
2. Inmigración irregular y crisis sin rumbo. Las tensiones con comunidades como Friusa, donde residentes denuncian agresiones a los símbolos patrios por parte de indocumentados haitianos, reflejan una política migratoria reactiva y peligrosa. La política migratoria del país se caracteriza por la improvisación, el enfoque policial y la falta de visión. Las comunidades fronterizas y urbanas cargan con la tensión sin apoyo estatal, mientras el discurso público alimenta la xenofobia y la criminalización del derecho soberano, exacerbando conflictos sociales y debilitando la cohesión nacional.
3. Inestabilidad económica y el dólar como fantasma. El nerviosismo por la fluctuación del dólar y el alza de combustibles revelan una economía frágil. El gobierno no ha implementado medidas anti cíclicas ni políticas fiscales claras para proteger el poder adquisitivo, especialmente de los sectores más vulnerables. La depreciación del peso y el aumento del costo de la vida golpean con fuerza a las clases populares y medias. El gobierno no logra contener la inflación ni crear amortiguadores sociales, como subsidios focalizados, o estímulos a la producción nacional. Las medidas adoptadas son más cosméticas que estructurales, y la incertidumbre económica agrava la angustia cotidiana de las familias.
4. La seguridad ciudadana entre balas e impunidad. Persisten asaltos armados, tráfico de drogas en barrios como Villa Juana y narcotráfico. La estrategia de seguridad se limita a operativos mediáticos, sin atacar redes criminales ni rehabilitar a jóvenes en riesgo. La ciudadanía vive entre el miedo y la desconfianza en las autoridades. La violencia delictiva continúa expandiéndose sin un plan nacional coherente de seguridad. Las redadas y operativos espectaculares solo sirven para generar titulares, sin resultados sostenibles. La falta de inversión en prevención, oportunidades para jóvenes y modernización de la policía deja a la población en manos del azar.
5. Un sistema penitenciario en hacinamiento y abandono. El traslado de reclusos a Las Parras, programado hasta 2026, evidencia la lentitud para resolver el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las cárceles. La reinserción social es una quimera en un sistema que reproduce violencia. Las cárceles dominicanas son centros de castigo, no de rehabilitación. El hacinamiento, la violencia entre reclusos y la corrupción interna reproducen un ciclo de exclusión. El retraso en la construcción de nuevas instalaciones y la ausencia de programas efectivos de reinserción social perpetúan un sistema que margina en lugar de reeducar. Esto termina alimentando nuevamente la inseguridad y la delincuencia en las calles.
6. La educación bajo promesas tecnológicas y realidades precarias. Aunque se habla de actualizar tecnológicamente a los docentes, persisten brechas en infraestructura, acceso a internet y calidad pedagógica. Aunque el discurso oficial habla de modernización educativa, la realidad en las aulas es otra. Muchas escuelas carecen de servicios básicos, materiales didácticos actualizados y personal capacitado. Las promesas de tablets y conectividad no compensan la falta de una política integral que articule calidad, equidad y pertinencia educativa. El deterioro de la educación pública es una bomba de tiempo social.
7. Salud pública entre inauguraciones y desatención. La entrega de un área de emergencia en el Hospital Cabral y Báez no oculta la precariedad en equipos, medicamentos y personal en la mayoría de los centros públicos. La suspensión de fondos de USAID para personas con VIH ejemplifica la dependencia de ayudas externas. El sistema de salud sigue dependiendo de la cooperación internacional y de gestos simbólicos, como inauguraciones de infraestructuras. Sin embargo, escasean los insumos médicos, el personal está mal remunerado y las listas de espera son interminables. La salud preventiva sigue siendo débil, y los sectores empobrecidos no tienen acceso a tratamientos adecuados. La atención primaria está desbordada y los hospitales viven en estado de emergencia permanente.
8. El clientelismo político como el cáncer de la gobernanza. El clientelismo corroe las instituciones. La designación de la Cámara de Cuentas y la estrategia «difusa» del PLD muestran un sistema donde los acuerdos priman sobre el interés público. El clientelismo se ha convertido en la norma, donde el favor político sustituye al mérito y el servicio público se convierte en moneda de cambio electoral.
9. Medio ambiente con discursos verdes, acciones grises. Los proyectos de reforestación en Zamarrilla son insuficientes ante la falta de un plan nacional contra la contaminación de ríos y el manejo de residuos sólidos. La protección ambiental sigue siendo un tema secundario para el gobierno. El deterioro ambiental avanza mientras las políticas de protección son fragmentadas, reactivas y de corto plazo. Las acciones gubernamentales se reducen a jornadas simbólicas o a planes sin seguimiento ni presupuesto.
10. Las obras públicas centradas en un progreso que excluye. El crecimiento urbano desordenado ahonda desigualdades y desplaza a los más pobres. El enfoque actual del desarrollo privilegia grandes obras con impacto mediático y valor turístico, pero que excluyen a las comunidades más pobres. Las decisiones de inversión se toman sin procesos participativos ni estudios de impacto social. El crecimiento urbano desregulado genera desplazamientos, especulación inmobiliaria y mayor desigualdad. En lugar de cohesión territorial, se amplía la brecha entre regiones y sectores sociales.

El gobierno de Luis Abinader navega en la superficialidad, privilegiando la imagen sobre soluciones estructurales. Mientras se inauguran hoteles y se desfilan efemérides, la ciudadanía clama por respuestas ante la violencia, la inequidad y el abandono institucional. Urge un cambio de rumbo que priorice políticas sociales audaces, transparencia y diálogo genuino con la sociedad. De lo contrario, la pesadumbre social podría convertirse en una tormenta perfecta.