El panorama político regional ha sido sacudido por la evolución de la crisis venezolana; y en el centro del debate dominicano emerge la figura del Dr. Leonel Fernández y su postura expuesta en su discurso del pasado miércoles 7 de enero, en el que defiende su experiencia de décadas de mediación y observación, ofreciendo un prisma complejo para entender no solo el conflicto, sino también la dirección de la política exterior de la República Dominicana. Analizar críticamente su posición requiere observar su equilibrio entre el respeto a la soberanía y la exigencia de legitimidad democrática.
Para Fernández, el punto de quiebre reciente se localiza en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En su calidad de observador electoral, posición que asegura haber ejercido con total «imparcialidad y neutralidad», el expresidente fue tajante al señalar que no se podía proclamar un triunfo oficialista sin la presentación de las actas de escrutinio. Esta postura no fue un arrebato individual, sino el resultado de consultas con el Centro Carter, el panel de expertos de la ONU y asesores internacionales como Celso Amorim.
Desde una perspectiva crítica, esta decisión lo posicionó en un lugar incómodo pero coherente con su trayectoria de mediador. Al diagnosticar tempranamente una crisis de legitimidad, Fernández intentó trazar una vía media, reconocer las irregularidades sin romper los puentes de comunicación necesarios para un diálogo político interno. Su propuesta siempre fue pragmática, que buscaba evitar el derramamiento de sangre y buscar la paz mediante el diálogo.
Uno de los puntos más contenciosos en el discurso de Fernández es su crítica a la respuesta internacional y doméstica frente al desenlace de la crisis, especialmente ante la operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano. Fernández fundamenta su rechazo a la fuerza en el Derecho Internacional, citando los artículos de las cartas de la ONU y la OEA que prohíben la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los estados.
Mientras otros sectores acentúan una supuesta defensa de la democracia, él prefiere una defensa integral que incluya el respeto a la soberanía y la libre determinación de los pueblos. Al alinearse con las posturas de países como Brasil y México, quienes calificaron la intervención armada como una «flagrante violación» y un «golpe al multilateralismo», Fernández se distancia de las políticas que favorecen salidas de fuerza, argumentando que corresponde únicamente a los venezolanos decidir su destino por vías pacíficas.
Un aspecto central de su análisis es el reproche al actual gobierno dominicano. Fernández sostiene que la República Dominicana ha perdido la oportunidad de consolidarse como un «foro de resolución de conflictos» un rol que el país ostentó tras la cumbre de Río en 2008 al solucionar tensiones entre Colombia, Ecuador y Venezuela.
Desde su óptica, el país ha pasado de ser un actor mediador desinteresado a uno que «toma partido» en las controversias regionales, lo cual, a su juicio, debilita la capacidad de influir positivamente en la estabilidad de la zona. La legitimidad de la postura de Fernández descansa en su largo historial en Venezuela, que se extiende por casi un cuarto de siglo. Desde su participación a solicitud del Centro Carter en 2002, pasando por la observación de UNASUR en 2015, hasta las mediaciones de 2017 y 2024, Esto lo posiciona como un actor que conoce las entrañas del conflicto, actuado siempre en favor de la paz, devolviendo a Venezuela parte del apoyo histórico que ese país brindó a figuras como Juan Pablo Duarte o a los exiliados antitrujillistas.
La postura de Leonel Fernández frente a Venezuela es un ejercicio de equilibrio diplomático, que prioriza la estabilidad regional y el derecho internacional sobre la retórica de la confrontación. Aunque su insistencia en el diálogo puede ser vista por sus detractores como una forma de condescendencia hacia el gobierno venezolano, él la defiende como la única ruta para evitar sufrimientos al pueblo.
En última instancia, Fernández aboga por una «llama de libertad» que solo puede encenderse mediante la tolerancia y la sensatez, rechazando que las turbulencias globales conviertan nuevamente al Caribe en una «frontera imperial» de potencias extranjeras.
Para entender su posición, podemos pensar en un árbitro de un deporte de alto contacto, su función no es elegir un equipo ganador a toda costa, sino asegurar que las reglas del juego, en este caso, el derecho internacional, se respeten y que el partido no termine en una trifulca que destruya el estadio, convencido de que solo bajo esas condiciones el resultado final tendrá verdadera validez para todos.
