Por Ramón Morel
La salud en la República Dominicana ha sido tratada como un privilegio, no como un derecho. Quien enferma y no tiene dinero, queda a merced de la suerte, porque el sistema, en lugar de servir al pueblo, se inclina hacia los negocios de unos pocos. Esa es la gran deuda social que, año tras año, los gobiernos han acumulado sin la más mínima intención de saldarla.
El modelo actual descansa sobre un pilar frágil: la inequidad. El ciudadano pobre depende de hospitales públicos abarrotados, con carencias de equipos, insumos y personal, mientras que la élite puede costear clínicas privadas y seguros de alto nivel. No se trata de falta de diagnósticos, porque todos los informes coinciden en lo mismo: el sistema está diseñado para reproducir desigualdades.
La salud en el país no se ha concebido como política de Estado, sino como un mercado. El sistema de seguridad social, lejos de garantizar derechos, funciona como una máquina de generar ganancias para las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que imponen barreras y excluyen a los más vulnerables. El resultado es un pueblo que paga más y recibe menos.
Basta mirar a los hospitales regionales para entender la magnitud del problema: largas filas, falta de medicamentos, equipos dañados, emergencias saturadas y médicos exhaustos. Y, sin embargo, en cada campaña electoral los candidatos prometen hospitales modernos, mejor atención y medicamentos gratuitos. Promesas que se esfuman tan pronto pasan las elecciones.
El costo de esta irresponsabilidad es humano. Madres que mueren por partos mal atendidos, niños que pierden la vida por falta de incubadoras, enfermos de cáncer que deben elegir entre comer o costear una quimioterapia. Y mientras tanto, la clase política repite el discurso de que “la salud es prioridad”.
Pero el pueblo ya no cree en discursos. Necesita hechos. Necesita un sistema de salud que no discrimine según el bolsillo, que ponga la vida por encima del negocio y que funcione con dignidad en cada rincón del país.
La salud debe asumirse como política de Estado, con tres pilares esenciales:
1. Financiamiento justo y sostenible, donde el presupuesto refleje la verdadera prioridad de la salud.
2. Reforma profunda a la seguridad social, eliminando el control absoluto de las ARS y garantizando servicios universales.
3. Fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con personal suficiente, equipos modernos y acceso a medicamentos.
No se trata de inventar el modelo. Países de nuestra región, con menos recursos, han logrado construir sistemas mucho más humanos y efectivos. La clave está en la voluntad política y en romper con los intereses que han secuestrado la salud.
El tiempo de discursos vacíos terminó. El pueblo necesita un cambio real. La salud no puede seguir siendo un negocio para unos pocos, sino un derecho garantizado para todos. Porque un país que no cuida a su gente, está condenado a la enfermedad de la desigualdad.
