Buenos días. Los sonidos mediáticos en torno al desorden en el tránsito y sus secuelas, en República Dominicana se ponen de moda como las habichuelas con dulce en Semana Santa. Cada vez que ocurre una nueva tragedia, fluyen las promesas, se disparan las opiniones, funcionarios anuncian medidas, pero al final todo resulta en chácharas y el país sigue atrapado en el desorden descomunal que, de por sí, es el rostro de su tránsito vehicular y la imagen imborrable del fracaso oficial en la materia. Vivimos impactados por una de la crisis más persistentes y dolorosas contra la que hemos perdido. Mientras el país celebra indicadores de crecimiento económico, en el asfalto se libra una guerra no declarada que nos otorga el deshonroso título de líderes mundiales en mortalidad por accidentes de tránsito. No se trata de simples «percances»; es una tragedia estructural que desangra a las familias dominicanas y pone en evidencia el colapso de nuestras políticas públicas. Y no se trata de que se quiera afectar a nadie, las cifras son frías, pero los hogares que dejan vacíos son reales. En el último quinquenio, el país ha mantenido una tendencia alarmante como lo demuestran datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE): Se estima que en los últimos cinco años han perdido la vida más de 14,500 personas y que lesionados que han resultado con traumas físicos —muchos de ellos con discapacidades permanentes— superan los 100,000 ciudadanos. Y no se trata solo de números, sino de un impacto económico cercano al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina a los gastos en salud, pérdida de productividad y daños materiales. Las motocicletas están involucradas en aproximadamente el 70% de esos accidentes fatales y todos saben que el Estado ha fracasado en su regulación porque ha priorizado los «parches» e igual prefiere enfocarse en operativos coyunturales que solo actúan como analgésicos temporales. Lo cierto es que falta una política de seguridad vial sostenible que funcione los 365 días del año y que rompa el clientelismo y la fragilidad Institucional que hacen que el transporte público siga bajo el control de sindicatos que actúan como grupos de presión política, dificultando la modernización y la imposición del orden. Tiene que implementarse de una vez por todas la licencia por puntos y asegurar que las multas se cobren. Si no hay una consecuencia económica o legal directa, el desorden seguirá siendo la opción más barata para el infractor. No se puede esperar civismo de una población que no ha sido educada por lo que la seguridad vial debe ser una asignatura transversal en el currículo escolar y un requisito riguroso para obtener cualquier licencia. Si el Estado no asume su rol de autoridad con valentía y coherencia, seguiremos contando muertos en las portadas de los periódicos, mientras el país se desmorona en cada esquina. Así de simple!
