El reciente revuelo causado por la amenaza de aumentos en las tarifas del transporte público no es un incidente fortuito ni un capricho de los choferes; es la consecuencia inevitable de una política gubernamental que bajo el pretexto de la estabilidad, ha terminado por asfixiar tanto a los que prestan el servicio como a quienes lo consumen. Estamos ante una tormenta perfecta alimentada por el manejo cuestionable de los precios de los combustibles y la sombra inminente de una reforma fiscal que amenaza con apretar aún más la soga al cuello del pueblo.
Resulta irónico, por no decir indignante, observar al Gobierno actuar como un bombero que acude presuroso a apagar un incendio que él mismo ha ayudado a avivar. Cuando los gremios del transporte anuncian ajustes en sus rutas, la respuesta oficial es el despliegue de mesas de diálogo y la promesa de subsidios millonarios. Sin embargo, poco se habla de la realidad que viven los transportistas en la calle: el encarecimiento desmedido de los neumáticos, los lubricantes y las piezas de repuesto, sumado a una estructura de costos que ya no guarda relación con las tarifas actuales. Para el trabajador del volante, el subsidio es a menudo un espejismo que no se traduce en alivio real, mientras que la presión por mantener sus unidades operativas se vuelve insostenible.
El centro de esta contradicción radica en la gestión de los hidrocarburos. Durante meses, se nos ha vendido la idea del «congelamiento» de los combustibles como un acto de benevolencia estatal para protegernos de la crisis internacional. Pero la realidad es otra. Mientras el precio del petróleo en los mercados mundiales registraba caídas significativas, situándose por debajo de niveles críticos, en las estaciones de servicio dominicanas los precios permanecieron estáticos. Esta política de «frisar» los precios ha permitido que el Estado retenga beneficios astronómicos que superan los seis mil millones de pesos; dinero que, en lugar de devolverse al ciudadano en forma de rebajas, se queda en las arcas públicas. Es en la práctica, un impuesto oculto cobrado directamente en la bomba.
Este juego de sombras tiene un impacto devastador en el Gran Santo Domingo y en las provincias. Para un ciudadano que sobrevive con el salario mínimo, un aumento de apenas cinco o diez pesos por trayecto no es un ajuste menor; es una amputación a su capacidad de compra de alimentos básicos. Cuando el transporte sube, sube todo: desde el plátano en el mercado hasta el costo de llegar al hospital. Por eso, cualquier intento de ajustar tarifas en servicios masivos, incluso en aquellos que se han mantenido estables por años como el Metro, se siente como una estocada mortal para la economía familiar. El pasajero dominicano ya no tiene de dónde recortar más.
A este panorama se suma la ansiedad colectiva por el avance de un paquete fiscal en el Congreso. Mientras las cifras oficiales se esfuerzan por mostrar una reducción en la pobreza, la gente en la calle siente que la realidad se maquilla mejor que el bolsillo. La inflación no es un número frío en un boletín del Banco Central; es la decisión diaria de dejar de comprar un medicamento para poder pagar el pasaje de ida y vuelta al trabajo. Es inaudito que se pretenda recaudar más a través de nuevas cargas impositivas cuando el sistema de transporte ya está actuando como un extractor de recursos de los sectores populares debido a la ineficiencia de las políticas de combustible.
El Gobierno no puede seguir operando bajo el esquema de parches temporales. Asignar cientos de millones en subsidios adicionales para frenar un paro es una solución de cortísimo plazo que no ataca la raíz del problema: una economía que penaliza el movimiento de su fuerza laboral. Si el Estado desea realmente proteger a la población, debe empezar por ser transparente con los precios de los combustibles y permitir que las bajas internacionales se reflejen en el surtidor local.
La crisis de los pasajes es el síntoma de una enfermedad estructural. Los sectores más pobres no pueden seguir cargando con el peso de una política que beneficia las finanzas estatales a costa del hambre de la mayoría. El bolsillo de los pobres no aguanta más palos, ni siquiera aquellos que vienen disfrazados de diálogo y concertación.
