Agua y Minería: sin datos, el conflicto sustituye al diálogo
Por Paino Abreu Collado
Los recientes conflictos entre activistas comunitarios y el Gobierno en distintas regiones del país vuelven a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: en la República Dominicana seguimos discutiendo temas estratégicos sin datos suficientes, confiables y socialmente legitimados. Y cuando faltan los datos, el debate público abandona los espacios técnicos y termina desarrollándose en las calles, muchas veces entre tensiones y violencia.
Los casos de San Juan, la Cordillera Septentrional y Cotuí reflejan precisamente esa crisis de confianza. Las comunidades perciben amenazas sobre sus territorios, sus fuentes de agua y sus medios de vida, mientras el Estado promueve proyectos apelando más al discurso político que a evidencias verificables. En ambos lados prevalece una misma debilidad: la ausencia de información robusta y creíble.
Hablar de impactos ambientales exige información científica, y cuando se trata de cuencas hidrográficas esa necesidad es todavía mayor. El efecto de una mina, de una carretera o de una siembra sobre la calidad o el volumen del agua no puede evaluarse con percepciones ni con declaraciones generales: el dato debe ser específico, histórico y desagregado. Y la información verdaderamente útil no es la de la gran cuenca, sino la de sus microcuencas.
Una microcuenca es también una cuenca, pero pequeña: el territorio donde el agua se recolecta y se entrega a un río principal a través de arroyos y afluentes menores. La cuenca del Yaque del Norte, la más importante del país, abarca 6,891 kilómetros cuadrados alimentados por decenas de tributarios que funcionan como pequeñas llaves abiertas sobre el caudal del río. Pero no todos aportan lo mismo: algunos se secan pocos días después de las lluvias y otros mantienen flujos permanentes durante todo el año. Por eso no basta con medir la gran cuenca: hay que medir, una por una, sus microcuencas.
Conocer el impacto real de una obra exige series históricas sobre calidad, caudales, sedimentación e infiltración de cada una, y construir esa información no toma semanas ni meses: requiere monitoreo permanente, metodologías estandarizadas, instituciones sólidas y continuidad técnica durante años.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no tenemos esos datos? ¿Acaso no existen instituciones responsables? Claro que existen. El país cuenta con ministerios, institutos, academias y con el propio INDRHI, cuyo mandato expreso incluye generar esa información. Sin embargo, no se hace con la rigurosidad necesaria. Durante décadas el INDRHI ha estado involucrado en la construcción, manejo y mantenimiento de canales de riego, tarea que debe ejercerla el Ministerio de Agricultura, subestimando el valor estratégico de la investigación, el estudio y el monitoreo de los recursos hídricos, incorporando información pública para la toma de decisiones.
Y esa ausencia tiene consecuencias. Cuando no existen datos confiables, cada sector interpreta la realidad desde sus intereses o sus temores. Las comunidades sospechan. El Estado improvisa. Las empresas prometen. Los activistas denuncian. Y el debate termina atrapado entre consignas, emociones y desconfianza mutua.
Costa Rica y Chile, que sí asumieron esa tarea, sostienen sus decisiones sobre cuencas en información pública y verificable. Nosotros, mientras tanto, seguimos decidiendo sobre la base del discurso. Los datos, en cambio, tienen un enorme poder pacificador. No eliminan los conflictos, pero permiten que las diferencias se canalicen mediante argumentos verificables y no mediante confrontaciones surgidas de presunciones. La transparencia técnica fortalece la democracia, porque convierte las discusiones públicas en procesos racionales y no en disputas de fuerza.
Por eso es tiempo de organizarnos como sociedad, especialmente ahora cuando al fin ya contamos con una ley de ordenamiento territorial. Es urgente respetar las normas de monitoreo hídrico, fortalecer los sistemas nacionales de información ambiental e impulsar programas permanentes de protección y restauración de microcuencas, basados en evidencia científica y participación comunitaria.
Porque un país que decide sin datos termina reaccionando desde el miedo, la manipulación, la presión o la improvisación. Y cuando eso ocurre, el conflicto sustituye al diálogo. En conclusión, la ausencia de datos al final, nos pone a pelear.
