El sistema de pensiones dominicano, concebido como un pilar fundamental de la seguridad social y un motor para el desarrollo económico del país, se ha transformado, lamentablemente, en un botín codiciado por intereses particulares. Lejos de su noble propósito de garantizar un retiro digno y movilizar capital productivo que beneficie a la sociedad en su conjunto, observamos con creciente preocupación cómo la política de este gobierno destina recursos, y distorsiona la filosofía que los rige, poniendo en práctica un sistema paralelo de entrega de pensiones, que laceran la confianza pública y exponen las fisuras de nuestra institucionalidad democrática.
La reciente denuncia del partido Fuerza del Pueblo resuena con particular estridencia: Entre los años 2021 y 2024, el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) habría asignado, mediante 318 decretos presidenciales, un total de 11,007 pensiones especiales sin justificación legal. Esta presunta «práctica abusiva y discrecional» no solo genera un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a los RD$3,925 millones, sino que establece un precedente peligroso. Es un desorden fiscal inaceptable, disfrazado de política social, que claramente favorece a «allegados y amigos» del poder, perpetuando un círculo vicioso de prebendas.
La magnitud de este gasto es ofensiva al contrastarla con las precariedades que enfrenta la mayoría de la población. Con casi RD$4,000 millones, se podría financiar múltiples veces la detección y tratamiento del cáncer (RD$427 millones), la prevención de la tuberculosis (RD$235 millones), o incluso ampliar programas vitales contra el VIH-SIDA (RD$1,737 millones). Es una priorización del gasto que revela un preocupante orden de valores, donde el privilegio partidista supera la necesidad colectiva. Estas asignaciones, teñidas de clientelismo, no solo agudizan la desigualdad, sino que fomentan una peligrosa dependencia en lugar de promover la capacidad de la población para generar riqueza propia, contraviniendo el espíritu de una verdadera política pública inclusiva.
Mientras la Ley 87-01 de Seguridad Social establece que los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados y son inembargables», buscando universalidad y solidaridad para todos los dominicanos, la realidad es que cerca del 50% del mercado laboral opera en la informalidad, impidiendo que una vasta mayoría de trabajadores acceda a una pensión digna. Esta paradoja es cruel: se otorgan pensiones «especiales» a unos pocos sin justificación aparente, mientras la gran masa trabajadora informal carece de protección básica, a pesar de los anuncios gubernamentales de nivelar algunas pensiones existentes como un «acto de justicia». El verdadero desafío es la sostenibilidad y equidad para todos.
Esta situación es un claro reflejo de la corrupción e impunidad sistémica que, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desvía fondos públicos que deberían materializar derechos fundamentales para toda la ciudadanía. Exigir explicaciones transparentes, detener esta práctica inmediatamente y rendir cuentas no es solo un reclamo político legítimo; es una demanda urgente de la sociedad para que se restaure la probidad en la administración de nuestros recursos. Las auditorías, diseñadas para detectar y prevenir conductas lesivas al patrimonio público, se vuelven herramientas indispensables para devolver la confianza y garantizar la buena gobernanza. El auténtico festín debe ser el desarrollo humano y la justicia social, no la dilapidación clientelar de los fondos que pertenecen al pueblo.
Entiendo que un nuebo gobierno de la fuerza del pueblo deberá revisar estas pensiones a fin de verificar cuáles son merecedoras cuales deben ser descontinuadas,sin injusticias..