El presidente Luis Abinader pretende proyectar la imagen de un paladín de la justicia social y un defensor incansable del medio ambiente, pero los hechos recientes en San Juan de la Maguana y la Cordillera Septentrional sugieren una realidad distinta. Bajo el lema de que «este Gobierno escucha», el mandatario ha intentado capitalizar políticamente la detención de proyectos mineros que su propia administración permitió avanzar hasta etapas críticas, actuando bajo una sombra de ambigüedad que solo se disipó ante la contundente presión popular.
El primer intento fallido de imponer la minería en zonas de alta vulnerabilidad hídrica ocurrió en la Cordillera Septentrional. A principios de 2026, el Gobierno tuvo que salir al frente de una creciente ola de protestas lideradas por comunidades campesinas y figuras sociales. Aunque el presidente negó la existencia de planes de explotación, se vio obligado a admitir que en julio de 2024 se otorgaron concesiones de exploración en áreas donde nacen fuentes vitales de agua para Santiago y Puerto Plata. Informes de organizaciones civiles denuncian que estos trabajos se realizaban de manera clandestina, incluso entrando en propiedades privadas sin consentimiento, lo que revela un patrón de opacidad institucional.
El segundo intento, y quizás el más cínico, ha sido el manejo del Proyecto Romero en San Juan. Durante meses, el Gobierno mantuvo una postura ambivalente, autorizando en junio de 2025 los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que fue interpretado por la empresa GoldQuest y la sociedad civil como una «luz verde» encubierta para avanzar hacia la explotación. Fue necesaria una movilización histórica, que culminó en enfrentamientos violentos en la presa de Sabaneta y un paro de labores que paralizó el 95% de la provincia, para que el mandatario decidiera finalmente invocar la Ley 64-00 y declarar la «detención inmediata» del proyecto por falta de licencia social.
Este patrón de conducta es alarmante, pues el Ejecutivo parece estar probando la resistencia del pueblo. Si la sociedad no se empodera y protesta, el Gobierno permite que las mineras avancen en el «corredor minero» que pretenden establecer en el corazón de la Cordillera Central, la «madre de las aguas». Ejecutar la explotación de Romero habría sido un acto de irracionalidad suprema.
La detención de estas minas no es un regalo de la sabiduría presidencial, sino una victoria de un pueblo que se niega a cambiar su seguridad hídrica y alimentaria por el brillo fugaz del oro. El país no necesita un presidente que reaccione bajo presión para evitar un crimen ambiental; necesita mecanismos institucionales robustos que impidan, desde el primer día, que se considere siquiera la minería metálica en nuestras cabeceras hídricas.
Mientras Abinader siga ordenando estudios por si acaso el pueblo no protesta, su proclamado compromiso con el futuro de la nación seguirá siendo una simple estrategia de relaciones públicas.
