Buenos días. La ciudadanía aguarda con interés que fluyan los detalles de la investigación que anunciara la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en torno al robo de municiones por parte de agentes activos de la Policía Nacional. La funcionaria prometió semanas pasadas que el caso será esclarecido y justificó el anonimato de los involucrados, con la necesidad de “no entorpecer las investigaciones”. Aunque para algunos el tema pudiera aparentar como “un caso de simple policía”, se trata de un hecho abominable en tanto no se supone que en el corazón de una entidad que precisamente persigue, encarcela y con frecuencia mata a supuestos ladrones en las calles del país, se cobijen sujetos propensos a ese tipo de conducta. Se espera que la investigación, que hay que asumir sigue en curso, sea lo suficientemente profunda, seria e imparcial, condiciones que fungirían como garantías de que el procedimiento no escatimará esfuerzos en descubrir la parte que no se ve. El rumor público sugiere que algunos de los agentes involucrados, que a propósito se revela que varios renunciaron de la institución policial, no son actores de simples robos, sino que detrás hay un jugoso negocio que involucra a altos oficiales que, supuestamente, intervienen en la venta de armas y municiones. Se trata de un detalle importante que pudiera llevar a las raíces del problema y, en gran medida, evitar que la culpa caiga solo en quienes pudieran estar haciendo el papel de mulas. La sociedad seguirá a la espera de los resultados de la investigación anunciada.
