El presidente de la Fundación Periodismo en Reflexión, Inc. (Funper), periodista Perfecto Martínez, insistió este sábado en que sea retirado del Congreso Nacional el controversial proyecto de modificación de la Ley 6132, tras advertir que la iniciativa viola la Constitución de la República, representa una amenaza para la libre expresión del pensamiento y fortalece la cualquirización del periodismo profesional en República Dominicana.
Recordó que la libertad de expresarse tiene sus límites propios en la Constitución y que el castigo a los excesos cometidos en el ejercicio de ese derecho, “están previstos en el Código Penal, lo que hace innecesario la aprobación de otras leyes para regular la citada materia”.
Advirtió que en el proyecto depositado en el Congreso Nacional se ofrece un tratamiento confuso respecto al ejercicio del periodismo, la libertad de prensa y el derecho a la expresión del pensamiento, lo que tiene que ser rechazado por los periodistas profesionales y sus instituciones.
“Se dispensa un trato igual al periodista profesional en relación a un simple ciudadano que, por vía de cualquier medio a su alcance y de manera informal, difunde un tipo de información que no agota el riguroso procedimiento por el que debe pasar el contenido preparado por el periodista profesional”, indica.
Agrega que ese manejo es marcadamente interesado e inadmisible y que se pasa por debajo de la mesa una de las objeciones principales con la que sectores interesados combatieron la Ley 148 de colegiación periodística.
“En aquella oportunidad y aprovechando sus medios informativos, impusieron como verdad la farsa de que la regulación del periodismo, atenta contra el derecho a la libre expresión del pensamiento. Esa postura tiene presencia en el proyecto de marras”, advierte.
Afirma que, si bien la prensa y el ejercicio del periodismo son medios de expresión del pensamiento, “no es preciso confundir periodismo profesional con libertad de expresión”.
Al abundar en sus puntos de vistas acerca de la libertad de expresión, expresó que está protegida por el Artículo 49 de la Constitución que representa su base legal y que garantiza la libertad de expresión e información en el país, al tiempo que estatuye los límites para la garantía y el respeto de otros derechos y el orden público.
“Es muy importante destacar que el citado artículo establece en su único párrafo, que el ejercicio de esas libertades debe realizarse respetando otros derechos y principios; de ahí que disponga que el disfrute de estas se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público», subraya.
En esa dirección, hablando a nombre de la Funper, afirmó que el proyecto en discusión se aparta de la Constitución y es innecesario por existir en el pais leyes suficientes para tratar la difamación y la injuria, además de que encarna “una amenaza real para la libertad de expresión por representar un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales”.
“Constituye un alto riesgo permitirse una estructura administrativa que, al margen de la Constitución y las leyes, tenga poder para suspender transmisiones, sancionar medios y eliminar contenidos, como se plantea, lo que vulnera el artículo 40, numeral 15, de la Constitución, que garantiza el debido proceso y prohíbe las sanciones administrativas que afecten derechos fundamentales sin la intervención previa de un juez competente”. Observó.
Señala que la pieza también entra en conflicto con el artículo 69, sobre tutela judicial efectiva, “que establece que ninguna persona puede ser juzgada ni sancionada por órganos ajenos al Poder Judicial”, además de que “no es suficiente proclamar derechos en un texto legal cuando la verdadera garantía de la libertad de expresión radica en evitar cualquier mecanismo que permita sancionar de forma desproporcionada o arbitraria”.
Dijo que la Funper agotó un proceso de consultas que abarcó a periodistas y abogados, entre los que destacó a Rafael Díaz Filpo- Miguel Varona y al ex presidente del CDP Oscar López Reyes, además de analizar los argumentos de ex funcionarios judiciales, instituciones y juristas, ve conveniente retirar el proyecto citado.
