La palabra «cambio» fue más que un eslogan en la campaña de 2020; fue un contrato social.
Luis Abinader ascendió al poder sobre una ola de hastío ciudadano, canalizando la indignación contra la corrupción endémica que había definido por décadas la política dominicana.
Prometió un gobierno ético, una justicia independiente y el fin de la impunidad. Hoy, a un año de haber iniciado su segundo mandato, la pregunta que resuena en colmados, oficinas y hogares no es de esperanza, sino de amarga decepción: ¿Dónde quedó el cambio?
La promesa inicial fue, hay que admitirlo, ejecutada con una contundencia que ilusionó a muchos. La designación de un Ministerio Público percibido como independiente, con figuras como Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, pareció ser la primera piedra de una nueva era. Los expedientes de alto perfil contra exfuncionarios del gobierno anterior (Operación Anti-Pulpo, Coral, Medusa) coparon los titulares, enviando una señal clara de que, por primera vez en mucho tiempo, el poder no garantizaba inmunidad.
El país observaba, expectante y esperanzado, creyendo que la escoba de la justicia barrería por fin la podredumbre enquistada.
Pero la ilusión es frágil, y las grietas en el discurso oficial no tardaron en aparecer. El problema surgió cuando el foco de la corrupción dejó de apuntar exclusivamente al pasado y comenzó a señalar al presente.
Escándalos de contrataciones públicas irregulares, licitaciones de emergencia adjudicadas a empresas de allegados al nuevo poder y nombramientos de funcionarios con claros conflictos de interés comenzaron a minar la credibilidad del «gobierno del cambio». Cada nuevo caso era una contradicción demoledora.
La narrativa de la lucha anticorrupción comenzó a sonar hueca, como un eco de una promesa que se desvanecía.
Lo que resulta más devastador no son solo los casos individuales, sino la percepción creciente de una justicia selectiva. Mientras los casos contra la administración pasada avanzaban con celeridad mediática, las denuncias que involucraban a funcionarios actuales parecían entrar en un laberinto burocrático, perdiéndose en el silencio o siendo minimizadas con justificaciones endebles. La «justicia independiente» comenzó a ser percibida por una parte importante de la población como un instrumento de persecución política contra los adversarios, mientras un manto de protección se extendía sobre los propios.
El cambio, entonces, no habría sido de sistema, sino simplemente de beneficiarios.
El fracaso más profundo, sin embargo, no reside en la acción o inacción de los fiscales, sino en la falta de reformas institucionales estructurales. La promesa de cambio no podía depender únicamente de la integridad de un puñado de individuos. Requería fortalecer los organismos de control, como la Cámara de Cuentas y la Dirección
General de Contrataciones Públicas, dotándolos de una autonomía real y de herramientas para prevenir, no solo para perseguir, el delito. Se necesitaba una ley de financiamiento de partidos que cortara de raíz la dependencia del dinero oscuro. Esas reformas cruciales han sido tímidas, postergadas o simplemente ignoradas. La maquinaria clientelar y las estructuras que permiten la malversación de fondos públicos siguen, en esencia, intactas. Se ha podado el árbol, pero las raíces venenosas permanecen firmes en la tierra.
Hoy, la consecuencia es palpable. La corrupción, o la percepción de ella, sigue siendo un impuesto invisible que pagan todos los dominicanos. Es el sobreprecio en la obra pública que impide construir más escuelas y hospitales. Es el medicamento que no llega a los centros de salud. Es la desconfianza que corroe la legitimidad del Estado y fomenta el cinismo ciudadano. El capital político ganado en 2020 se ha dilapidado en una gestión que, en materia de integridad, luce cada vez más como una continuación de las prácticas que juró erradicar.
El gobierno podrá exhibir cifras macroeconómicas o inauguraciones de obras, pero no podrá ocultar una herida abierta: la traición a la esperanza. La lucha anticorrupción ha pasado de ser la causa central de un movimiento a convertirse en un eslogan incómodo, un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. La pregunta «¿Dónde quedó el cambio?» ya no busca una respuesta; es la afirmación contundente de un fracaso.
