El canciller de Brasil, Mauro Vieira, admitió por escrito el temor de que EE.UU. recurra a la fuerza militar en el gigante latinoamericano, a raíz de la clasificación del Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas.
La revelación, publicada este lunes por el portal Metrópoles, se basa en una respuesta oficial de Itamaraty a un pedido de información por parte de la Cámara de Diputados.
«Acciones extraterritoriales»
En el texto, firmado por el propio Vieira, el canciller sostiene que la designación unilateral de las dos facciones «podría ser invocada como justificativa para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas, en particular en el ámbito financiero, migratorio y penal». Y añade, sin margen para la ambigüedad: «Hay, además, el riesgo de uso de la fuerza militar de EE.UU. contra el territorio nacional».
Vieira aclara que Washington no comunicó formalmente la decisión al gobierno brasileño. Al tratarse de un «acto unilateral» por parte de la administración de Donald Trump, explica, Brasil no está obligado a pronunciarse oficialmente sobre el asunto.
Sin embargo, el canciller recalca que el país «ha manifestado su oposición» a la medida por otras vías diplomáticas. De hecho, la semana pasada la administración de Luiz Inácio Lula da Silva respondió al informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), negando que su sistema de pagos PIX favorezca a las empresas brasileñas y penalice a las estadounidenses, un argumento que se esgrime desde Washington para justificar una arremetida comercial y arancelaria.
«Las declaraciones anteriores de Brasil han demostrado que EE.UU. y Brasil mantienen una relación comercial sólida y cada vez más beneficiosa, incluyendo un superávit comercial de bienes entre EE.UU. y Brasil en 2024», sostiene el ministro en la carta a la que ha tenido acceso G1, en la que defiende que «la estructura arancelaria aplicada por Brasil ya es muy favorable a las exportaciones estadounidenses«.
Otros riesgos
Más allá de la posibilidad militar, el documento enviado por Vieira describe impactos «relevantes tanto en el plano económico como en el de la soberanía nacional». Según el canciller, la designación permitiría a las autoridades estadounidenses aplicar medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas u organizaciones brasileñas, incluso sin vínculo directo con EE.UU. o con una conexión apenas indirecta o involuntaria con los grupos señalados.
El canciller advierte que esa aplicación podría darse con «amplio grado de discrecionalidad», dada la amplitud de los términos que utiliza la legislación antiterrorista estadounidense. Ese abanico, ambiguo y excesivamente abierto a interpretaciones, abre la puerta a consecuencias financieras, migratorias y penales para ciudadanos brasileños que ni siquiera tengan relación consciente con las facciones.
La tensión entre ambos países se incrementó la semana pasada, tras las sanciones impuestas por EE.UU. contra presuntos operadores financieros vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Ante la situación, el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, afirmó que Brasil continuará cooperando en la lucha contra el crimen organizado, pero exigió que se respete la soberanía del país y sostuvo que las medidas estadounidenses solo producen efectos dentro del territorio de EE.UU.
