Por Alejandro Arredondo
La reciente inclusión de la República Dominicana en un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha generado preocupación y, sobre todo, confusión en diversos sectores económicos del país.
Sin embargo, es importante aclarar un aspecto fundamental: Estados Unidos no está acusando a la República Dominicana de producir o exportar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
Lo que realmente señala el informe es que el país forma parte de un grupo de economías que, según la evaluación estadounidense, no han implementado o aplicado de manera suficientemente efectiva mecanismos para impedir la importación y comercialización de productos provenientes de terceros países donde sí podrían existir prácticas de trabajo forzoso.
Esta diferencia es crucial.
No se trata de una acusación contra la producción dominicana ni contra nuestras zonas francas. Se trata de un cuestionamiento sobre los controles aplicados a las cadenas globales de suministro y al comercio internacional que pasa por nuestros mercados.
¿Por qué esto es importante?
Porque Estados Unidos ha planteado la posibilidad de aplicar aranceles adicionales de entre un 10 % y un 12.5 % a países que no cumplan adecuadamente con estas disposiciones.
Para una economía como la dominicana, altamente vinculada al mercado estadounidense, esta situación merece una atención prioritaria.
Durante el año 2025, las exportaciones dominicanas superaron los US$16,000 millones y una parte significativa de ellas tuvo como destino Estados Unidos. Solo las zonas francas exportaron alrededor de US$8,500 millones, de los cuales más de US$6,000 millones fueron enviados al mercado estadounidense.
Estamos hablando de nuestro principal socio comercial, del principal destino de nuestras exportaciones y de uno de los mayores generadores de empleos formales vinculados al sector exportador.
Por eso, más allá de la discusión jurídica, estamos frente a un asunto de competitividad, reputación país y acceso a mercados.
También es importante entender el trasfondo geopolítico de esta medida.
Estados Unidos busca endurecer los controles sobre productos procedentes de economías donde existen denuncias de trabajo forzoso, particularmente en algunas regiones de Asia. Desde la perspectiva estadounidense, estos bienes representan una forma de competencia desleal porque se producen bajo condiciones laborales que reducen artificialmente los costos de producción.
En consecuencia, Washington está trasladando mayores exigencias a sus socios comerciales para garantizar la trazabilidad y transparencia de las cadenas de suministro.
La buena noticia es que distintos sectores han reiterado que en la República Dominicana no existe evidencia de una práctica sistemática de trabajo forzoso y que el país ha fortalecido durante años su legislación laboral, los mecanismos de inspección y la protección de los trabajadores.
No obstante, este episodio debe servir como una alerta.
La República Dominicana necesita continuar fortaleciendo los controles aduaneros, la supervisión de las cadenas de suministro y la certificación del origen de los productos que ingresan al país.
No se trata únicamente de cumplir con una exigencia internacional; se trata de proteger nuestras exportaciones, preservar miles de empleos y mantener la confianza de nuestros principales socios comerciales.
Porque en la economía global de hoy, la competitividad ya no depende solamente del precio o la calidad de los productos.
También depende de la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales.
El autor es economista y especialista en comercio exterior.
