El gremio convocó a sus dirigentes para los días 4 y 5 de agosto, cuando definirá un plan nacional de movilizaciones. El Ministerio de Educación sostiene que dispone de los recursos, pero condiciona los pagos a la conclusión de las revisiones y apelaciones.
SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que prepara un plan nacional de movilizaciones para exigir el pago de los incentivos económicos y los retroactivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente.
La decisión será discutida los días 4 y 5 de agosto durante el Pleno Nacional de Dirigentes, con representantes de las 174 seccionales del sindicato.
El conflicto surge a pocas semanas del comienzo del año escolar 2026-2027, programado para el 24 de agosto con más de dos millones de estudiantes convocados a las aulas.
Más de 111,000 docentes evaluados
El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo de la Rosa, afirmó que más de 111,000 docentes completaron el proceso de evaluación, pese a los problemas registrados en la plataforma, las dificultades de acceso, los errores administrativos y la exclusión temporal de algunos maestros.
El dirigente sostuvo que el Ministerio de Educación dispone de las informaciones necesarias para preparar la nómina y comenzar los desembolsos.
La ADP considera que los docentes cumplieron con las etapas establecidas y que corresponde ahora a las autoridades ejecutar los compromisos económicos.
Algunas seccionales han anunciado protestas locales, mientras esperan que el Pleno Nacional determine las modalidades, fechas y alcance de las movilizaciones.
El gremio no ha precisado si su plan incluirá paralizaciones de docencia ni si exige el pago inmediato para todos los evaluados o solamente para quienes no presenten reclamaciones contra sus calificaciones.
Educación señala que debe concluir el proceso
El Ministerio de Educación y la ADP anunciaron el 21 de julio la aprobación del protocolo para publicar los resultados, gestionar las revisiones y asignar los incentivos.
El procedimiento concede a cada docente 15 días calendario, contados desde la publicación de su calificación, para solicitar una revisión. Posteriormente puede producirse una apelación.
Educación aseguró que dispone de la apropiación presupuestaria necesaria, pero explicó que comenzará los trámites de pago después de concluir la etapa de revisión y apelación. Los retroactivos tendrán prioridad, según la versión institucional.
Esta diferencia de plazos concentra el conflicto: la ADP entiende que existen condiciones para pagar sin más demora, mientras el Ministerio sostiene que primero debe completar el procedimiento acordado.
Incentivos alcanzan hasta un 32 %
La escala aprobada contempla incentivos salariales de entre un 17 % y un 32 % para los docentes que obtengan 70 puntos o más.
Quienes alcancen entre 65 y 69 puntos recibirían un incentivo de un 7 % y deberán participar en un programa obligatorio de capacitación. Los evaluados con calificaciones inferiores a 65 puntos no recibirían el beneficio.
El proceso convocó originalmente a 122,098 docentes y fue desarrollado en seis etapas, que incluyeron autoevaluación, valoración de otros actores, ejercicios de rendimiento profesional y observación de clases.
El Ministerio informó al concluir las aplicaciones que la participación promedio alcanzó un 97.78 %, aunque la cantidad de docentes evaluados fue diferente en cada etapa.
Inicio escolar bajo presión
La ADP acusa a las autoridades de poner en riesgo la apertura del año escolar por la falta de pago. El Ministerio, mientras tanto, asegura que mantiene desplegados equipos en sus 18 regionales y 122 distritos para preparar los planteles, distribuir materiales y organizar el regreso a clases.
Hasta ahora existe un anuncio de movilizaciones, pero no una convocatoria a suspender la docencia. El alcance real del conflicto se conocerá después del Pleno Nacional de los días 4 y 5 de agosto.
El derecho de los docentes a recibir los incentivos correspondientes debe armonizarse con el cumplimiento del protocolo y con el derecho de los estudiantes a comenzar el año escolar sin interrupciones.
La prueba será concreta: establecer una fecha verificable de pago antes de que una diferencia administrativa termine trasladándose a las aulas.
