La delegación dominicana acumula 57 medallas, incluidas 10 de oro; mientras los atletas buscan escalar posiciones, el Gobierno deberá presentar el costo consolidado y debidamente desglosado de Santo Domingo 2026.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana inició este jueves 30 de julio en la quinta posición de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una cosecha provisional de 57 medallas: 10 de oro, 12 de plata y 35 de bronce.
El medallero oficial coloca por delante a México, que domina ampliamente la competencia con 65 preseas doradas; Colombia, con 36; Cuba, con 16, y Venezuela, con 12. Aunque la delegación dominicana supera a Cuba en número total de medallas, la clasificación se determina primero por la cantidad de títulos conquistados.
El resultado no constituye todavía un balance definitivo. Las competencias concluirán el 8 de agosto y aún faltan disciplinas en las que el país mantiene posibilidades de podio. Sin embargo, el desempeño adquiere especial relevancia porque República Dominicana compite como anfitriona y ha destinado cuantiosos recursos públicos tanto a la preparación de los atletas como al montaje de la justa.
El Ministerio de Deportes informó en febrero que había entregado RD$565 millones, a través del Comité Olímpico Dominicano, para financiar entrenamientos, bases de preparación y contratación de técnicos. En ese mismo acto, el presidente del Comité Olímpico, Garibaldy Bautista, exhortó a las federaciones a completar la liquidación de los fondos recibidos, un aspecto que deberá formar parte de la rendición de cuentas posterior al evento.
A esa asignación se suma una inversión cercana a RD$9,000 millones en infraestructura deportiva, cifra reconocida por el presidente Luis Abinader. Los trabajos abarcaron 16 instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, además de escenarios habilitados en otras zonas.
Las autoridades sostienen que esas obras constituyen el principal legado de Santo Domingo 2026. No obstante, las últimas instalaciones —los pabellones de voleibol y taekwondo— fueron inauguradas apenas cuatro días antes de la apertura oficial, y todavía el 23 de julio se realizaban labores menores de terminación en algunos espacios.
La premura contrasta con lo afirmado por el Gobierno en enero, cuando aseguró que los preparativos avanzaban con una “holgura importante” respecto del cronograma. Que las instalaciones estén actualmente operativas representa un resultado favorable, pero no elimina la necesidad de explicar los tiempos, modificaciones contractuales y costos definitivos de cada intervención.
El costo completo todavía debe aclararse
En enero, el Comité Organizador habló de un presupuesto inicial de US$185 millones y aseguró que procuraba reducirlo mediante la rehabilitación de infraestructuras existentes, en lugar de construir nuevos complejos.
Las comunicaciones oficiales revisadas para esta nota no ofrecen todavía un estado financiero consolidado que permita determinar cuánto se ha comprometido y ejecutado, qué proporción corresponde a infraestructura, organización, tecnología, transporte, alojamiento y alimentación, ni cuánto ha sido cubierto mediante patrocinio privado.
Tampoco resulta prudente sumar mecánicamente los US$185 millones y los RD$9,000 millones, porque las autoridades deben aclarar si existe alguna superposición entre ambas categorías. Esa precisión es indispensable para conocer el costo real asumido por los contribuyentes.
La fiscalización no debe utilizarse para disminuir el mérito de los atletas. Son ellos quienes han entrenado, competido y colocado la bandera dominicana en el podio. Pero su esfuerzo tampoco puede convertirse en una cortina que impida examinar el uso de los recursos públicos.
República Dominicana terminó los Juegos de San Salvador 2023 también en quinto lugar, con 111 medallas: 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. Solo al concluir Santo Domingo 2026 podrá establecerse si la condición de sede y la inversión realizada se tradujeron en un avance deportivo.
El Gobierno tiene derecho a celebrar las instalaciones renovadas y los logros organizativos. La ciudadanía posee el mismo derecho a conocer la factura completa, los contratos ejecutados y el plan presupuestado para conservar las obras después del 8 de agosto.
En las canchas, República Dominicana todavía pelea por más oro. En la administración pública, la medalla pendiente sigue siendo la transparencia.
