Buenos días. Los productores de mango atraviesan por una crisis que no es el resultado de una fatalidad implacable, sino de la tradicional negligencia oficial. La proliferación de la plaga de la mosquita en las principales zonas de cultivo de la fruta, con énfasis en Baní, mantiene en jaque a cientos de productores que ven tambalearse el sustento de sus familias, además de las fuertes inversiones hechas por años. Y no hablamos de un mercado cualquiera, se trata de un rubro de exportación que aporta a la economía dominicana más de 50 millones de dólares al año. Lo imperdonable de la actual tragedia es la indiferencia oficial deliberada ante las advertencias hechas en 2023 por las autoridades de Estados Unidos, que encendieron las alarmas al llamar la atención sobre el riesgo inminente de lo que hoy se padece, pero que el sector oficial optó por la indiferencia. No se hizo caso a la prevención técnica y se prefirió la apatía, dejando al campo desarmado ante un problema anunciado que hoy representa un complejo dolor de cabeza. Es inaudito permitir que la inercia burocrática golpee de tal forma a un sector dinámico como la prorucción de mangos para la exportación, lo que por demás vulnera la seguridad alimentaria y golpea la estabilidad económica nacional. Hablamos de una fuente clave de trabajo rural, especialmente en la región Sur, así como en zonas del Cibao y el Noroeste donde se estima genera entre 15,000 y 20,000 empleos directos e indirectos. De manera que proteger la producción agropecuaria exige más que respuestas reactivas e improvisadas, requiere asumir responsabilidades institucionales y priorizar la sanidad vegetal como un asunto de Estado antes de que el daño se haga irreversible.
