Por Julio Disla
Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciando que perseguirá a organizaciones de izquierda bajo la etiqueta de “terroristas”, no constituyen un simple cambio de política exterior. Representan una peligrosa escalada ideológica que busca criminalizar el pensamiento crítico, la organización popular y toda fuerza política que cuestione la hegemonía del capitalismo global.
La historia demuestra que cuando el imperialismo atraviesa períodos de crisis económica, política y geopolítica, intenta convertir la disidencia en delito. Ayer fueron los sindicalistas, los comunistas y los movimientos de liberación nacional; hoy pretenden colocar en el mismo saco a quienes luchan por la justicia social, la soberanía de los pueblos y un orden internacional más democrático.
Que nadie se engañe. Combatir el terrorismo es una obligación de cualquier Estado. Pero una cosa es perseguir a quienes recurren a la violencia contra civiles, y otra muy distinta es utilizar la palabra “terrorismo” como arma política para perseguir adversarios ideológicos. Esa confusión deliberada amenaza libertades fundamentales y abre la puerta a la persecución de organizaciones sociales, intelectuales, periodistas y movimientos populares. Diversos críticos en Estados Unidos han advertido precisamente sobre ese riesgo.
Resulta profundamente contradictorio que quienes durante décadas promovieron intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos y operaciones encubiertas en numerosos países pretendan ahora erigirse en árbitros universales de la democracia. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de esas políticas: dictaduras militares, desapariciones, persecuciones y miles de víctimas en nombre de la llamada “seguridad nacional”.
La izquierda caribeña no debe responder con miedo ni con silencio. Debe responder con más organización, más formación política, más unidad y una defensa firme de los derechos democráticos. Ningún pueblo debe aceptar que el derecho a pensar diferente sea convertido en un delito.
Las ideas de emancipación social no desaparecerán porque un gobierno las declare incómodas. La historia demuestra que las persecuciones pueden encarcelar personas, pero jamás han logrado encarcelar los ideales de igualdad, justicia y dignidad.
Frente a la amenaza de criminalizar a la izquierda, la respuesta debe ser clara: defender el derecho de los pueblos a organizarse, a disentir y a construir democráticamente alternativas al orden existente. Porque cuando el poder llama “terrorista” a toda oposición ideológica, el verdadero peligro no es la izquierda; el verdadero peligro es el avance del autoritarismo bajo el disfraz de la seguridad.
