Buenos días. Resulta preocupante que, frente a un Código Penal que endurece las sanciones contra la difamación y la injuria, además de que introduce figuras como el ultraje y la difamación extorsiva, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) no haya asumido un liderazgo visible y contundente. Mientras la Sociedad Dominicana de Diarios ha fijado posición pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa evalúa recursos legales, y hasta el propio Poder Ejecutivo se vio obligado a depositar un proyecto para modificar dieciocho artículos ante la presión de la calle, el CDP, la entidad llamada a ser la primera línea de defensa del oficio, ha optado por un aislamiento sospechoso y que no se corresponde con la gravedad del momento. El gremio no puede darse el lujo de la ambigüedad cuando está en juego la libertad de prensa. Se requiere una postura pública clara, un pronunciamiento formal ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, así como una participación activa en los escenarios de debate. Ese silencio alimenta la sospecha, fundada o no, de que existen compromisos con sectores de poder que condicionan la independencia del gremio. Y ese costo no lo paga solamente la directiva: lo paga la credibilidad de todo el periodismo dominicano, justo cuando más necesita mostrarse unido y firme. Y que quede claro que no se trata de exigir estridencia, sino coherencia. El CDP debe fijar una posición técnica y pública sobre los artículos 192, 208, 209 y 310, entre otros señalados como problemáticos, explicar a sus afiliados y a la opinión pública las razones de su actual reserva y convocar una asamblea abierta para que los periodistas discutan y fijen postura sobre el caso. ¿A qué obedece tan inexplicable silencio?
