Buenos días. De ingenuos planteamos en más de una oportunidad que el Estado disponía de alternativas para, sin tener que aprobar una nueva carga impositiva, recaudar los 50 mil millones que alega necesitar. Y entre las recomendaciones indicábamos las exorbitantes exenciones concedidas a sectores que ya no lo necesitan, así como el barrilito y las concesiones a los legisladores para importar vehículos de alta gama, que luego venden y con lo que perjudican doblemente al fisco. Y acerca de este último elemento volvemos en esta oportunidad. Es que mientras el Estado dominicano exprime al asalariado, al comerciante y al pensionado con una nueva reforma fiscal, un puñado de funcionarios circula impune por las mismas calles a bordo de Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, McLaren y Aston Martin, importados sin pagar un solo peso de impuestos. Ese no es un contraste como muchos lo piensan, es más bien una bofetada. Esos vehículos no son una necesidad, son un botín con el que se beneficia a un sector que goza de altos privilegios. Cada exoneración es un acto de desprecio hacia un pueblo al que se le exige sacrificios, mientras sus gobernantes se pasean en máquinas que cuestan más que decenas de casas juntas. La hipocresía no podría ser más descarada: austeridad para el de abajo, impunidad fiscal para el de arriba. Este privilegio no es un accidente burocrático, es diseño de ayer y hoy. Es la prueba de que el sistema no busca cerrar la brecha entre ricos y pobres, sino blindarla con leyes hechas a la medida de quienes las escriben. Cada carro de lujo exonerado equivale a un hospital sin medicinas, una escuela sin pupitres, un salario mínimo que no alcanza. No hay reforma que merezca aplausos mientras el poder se exima de las cargas que impone a los demás. La verdadera crisis dominicana no es fiscal: es la impunidad convertida en costumbre.
