Buenos días. La muerte del joven Darlin Mercado Reyes ha provocado una profunda y juistificada indignación nacional, que no es bajo ninguna circunstancia un hecho casual ni excepcional, sino uno más de una larga cadena de ciudadanos que han perdido la vida a manos de agentes de la Policía Nacional en circunstancias que, una y otra vez, levantan serias dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza. Esa realidad se traduce en República Dominicana en una alarmante epidemia que cada año produce más de un centenar de ejecutados, sin que haya señales de mejoria. El aborrecible fenómeno da paso a profundos cuestionamientos, pero en especial a una pregunta inevitable: ¿qué está fallando dentro de la institución encargada de proteger la vida? Mientras el Gobierno se ufana de ejecutar una histórica “reforma policial” en la que se han gastado más de ocho mil millones de pesos, las calles continúan siendo escenario de muertes que jamás deberían formar parte de la normalidad democrática. Una reforma no puede medirse por la cantidad de recursos invertidos, tampoco por el cambio de uniforme o pintura de los cuarteles y vehículos policiales, tiene que evaluarse por los resultados obtenidos. Y el principal resultado que se consagra cada día como evidencia invariable, es la ejecución ilegal y cruel de supuestos delincuentes a quienes la policía no tiene facultad para juzgar, menos aún para atribuirse el derecho de la sentenciarlos a muerte. Esa institución, que sepamos, tiene el mandato constitucional de preservar el orden, proteger a los ciudadanos y poner a los presuntos delincuentes a disposición de los tribunales. Según nuestra legislación, ningún agente tiene la facultad de convertirse en juez y verdugo al mismo tiempo, una práctica acentuada que nos deja a todos como simples espectadores. La verdadera reforma policial comenzará el día en que cada agente comprenda que el uso ilegal de la fuerza tendrá consecuencias inevitables. Ningún país fortalece su seguridad sacrificando el Estado de derecho. La delincuencia debe combatirse con inteligencia, investigación, tecnología y una justicia eficiente, nunca sustituyendo los tribunales por las armas. Una nación donde la vida pierde valor, incluso en manos de quienes juraron protegerla, corre el riesgo de acostumbrarse a la violencia como método de gobierno. Y ese sería el más rotundo fracaso de cualquier reforma policial…
