Por Pedro Cruz Pérez
Este viernes, la tasa impositiva sobre la emisión de cheques y pagos por transferencias electrónicas subirá del 0.15% a 0.20%. Aunque un aumento de 0.05 puntos porcentuales parezca insignificante en el papel, la realidad es que castiga la eficiencia y la modernización que el país ha intentado construir durante dos décadas. Un usuario que antes pagaba 45 pesos mensuales por sus transacciones habituales, ahora verá ese monto elevarse a 60 pesos; mientras que una empresa con una nómina de un millón de pesos pasará de tributar 3,000 a 4,000 pesos solo por mover su dinero digitalmente. Es, en palabras de expertos, un «impuesto fallido» que genera distorsiones innecesarias en las operaciones económicas.
Lo más preocupante es la contradicción intrínseca de esta medida. Mientras el Estado promueve la inclusión financiera y la reducción del uso de efectivo, este nuevo esquema fiscal crea un incentivo económico perverso para volver a la informalidad. La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y ADOFINTECH han sido enfáticas al señalar que elevar este costo desincentiva el uso de canales formales, afectando especialmente a las microempresas y a los hogares de menores ingresos que apenas empezaban a digitalizarse. Parece que el «crecimiento» prometido se sustenta en penalizar a quienes hacen lo correcto, usar la banca formal.
Pero el paquete no comenzó solo con las transferencias. Desde finales de la semana pasada, los viajeros ya están pagando una contribución de salida de 30 dólares, un aumento de 10 dólares respecto a la tarifa anterior. Además, desde este miércoles 1 de julio, se activaron los nuevos tributos a los juegos de azar, afectando a casinos, bancas de lotería y máquinas tragamonedas. A esto se suma un recargo del 3% sobre las obligaciones tributarias en mora y una retención del 15% sobre pagos al exterior por conceptos tan vitales para la economía moderna como licencias de software y publicidad en línea. La clase media, ese eterno pulmón económico del país, también recibe su parte de la carga de forma subrepticia.
Resulta difícil digerir, que para mitigar una crisis internacional, la solución sea asfixiar el consumo interno. El Gobierno asegura que la reforma es progresiva y que las grandes empresas pagarán una tasa transitoria del 30% de ISR si sus ingresos superan los 1,000 millones de pesos. Sin embargo, la historia nos enseña que estos costos corporativos suelen trasladarse al consumidor final.
Este viernes no solo cambia una tasa en el sistema bancario; se consolida un modelo donde el costo de la «estabilidad» lo paga el contribuyente que opera bajo la luz del sol. Nos vendieron un paquete pro-crecimiento, pero al abrirlo, lo que encontramos es una vaciadora de bolsillos que premia el efectivo y penaliza la transparencia.
