El Gobierno justificó los aumentos de los combustibles por la presión internacional del petróleo. Pero ahora que el crudo retrocede, las gasolinas y el gasoil siguen congelados en niveles más altos. La pregunta es sencilla: ¿por qué el mercado manda cuando sube, pero desaparece cuando debe bajar?
Hay explicaciones que el pueblo entiende, aun cuando le duelan. Lo que el pueblo no acepta —y con razón— es que se le pida sacrificio en nombre de una crisis internacional y luego, cuando esa crisis comienza a ceder, el sacrificio siga intacto en el bolsillo del consumidor.
Eso es lo que está ocurriendo con los combustibles en República Dominicana.
El Gobierno dominicano justificó los aumentos escalonados de las gasolinas y el gasoil alegando una situación excepcional del mercado petrolero mundial. El 20 de marzo de 2026, la Presidencia informó que, frente a la inestabilidad provocada por el conflicto en Medio Oriente, el barril WTI había subido 70 % en lo que iba de año y que el Estado asumiría un subsidio proyectado de RD$1,702.2 millones solo durante esa semana. Aun así, dispuso un reajuste de RD$10 por galón en gasolinas y gasoil, mientras mantenía congelado el GLP. (Presidencia de la República Dominicana)
Hasta ahí, la explicación oficial tenía una lógica: si el petróleo sube de forma extraordinaria, el costo local también recibe presión. Nadie responsable puede negar que República Dominicana es importadora neta de combustibles y que el precio internacional, el tipo de cambio, los fletes, los seguros, los impuestos y los márgenes de comercialización inciden en el precio final.
Pero la coherencia pública exige algo más: si el petróleo sirve para justificar aumentos, también debe servir para justificar rebajas.
Y ahí comienza el problema.
Para la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2026, la gasolina premium continúa vendiéndose a RD$341.10 por galón; la regular, a RD$310.50; el gasoil regular, a RD$262.80; y el gasoil óptimo, a RD$293.10. El Gobierno afirma que destinará RD$161.9 millones en subsidios para mantener congelados esos precios. Mientras tanto, otros derivados como el keroseno, el avtur y los fuel oil sí registraron rebajas. (Acento)
La pregunta cae por su propio peso: ¿por qué bajan unos combustibles y no bajan precisamente los de mayor impacto social?
Porque la gasolina y el gasoil no son productos cualquiera. Tocan el transporte, la comida, los servicios, la agricultura, la logística, la construcción, el comercio informal y la vida diaria de millones de dominicanos. Cada peso que se queda arriba en la bomba termina viajando hacia el precio del plátano, del pasaje, del delivery, del flete y del colmado. La inflación muchas veces entra al hogar montada en un camión de gasoil.
El contraste es más fuerte cuando se mira la evolución del petróleo. Al 29 de junio de 2026, el crudo WTI rondaba los US$69.81 por barril y acumulaba una caída mensual de más de 24 %, según Trading Economics. (Trading Economics) Es decir, el mismo mercado internacional que fue presentado como causa de aumentos ahora muestra una corrección importante. Sin embargo, el precio local permanece congelado arriba, como si la caída del petróleo se hubiera quedado varada en altamar.
No se trata de reclamar una rebaja automática ni simplista. El precio dominicano de los combustibles no se calcula mirando únicamente el barril de petróleo. El sistema incluye el Precio de Paridad de Importación, impuestos específicos, impuesto ad valorem, márgenes de distribución, transporte y otros componentes. El impuesto ad valorem, por ejemplo, es de 16 % para la mayoría de los combustibles, según explicaciones sobre la estructura local de precios. (ABA)
Precisamente por eso, el Gobierno tiene una obligación mayor de transparencia.
No basta con decir “estamos subsidiando”. Hay que explicar cuánto cuesta realmente cada galón antes de subsidio, cuánto corresponde al precio internacional, cuánto a impuestos, cuánto a márgenes, cuánto al tipo de cambio, cuánto al transporte y cuánto a decisión política. El ciudadano no puede seguir recibiendo una cifra cerrada como si se tratara de un acto de fe. En democracia, la fe se guarda para la iglesia; el Gobierno tiene que presentar números.
Además, hay una diferencia fundamental entre congelar precios bajos y congelar precios altos. Cuando en enero la gasolina premium estaba en RD$290.10, la regular en RD$272.50, el gasoil regular en RD$224.80 y el gasoil óptimo en RD$242.10, el propio Gobierno hablaba de mantener sin variación los combustibles esenciales con subsidio. (Presidencia de la República Dominicana) Hoy, esos mismos combustibles están entre RD$38 y RD$51 más caros por galón, dependiendo del producto. Congelarlos ahora no devuelve alivio: simplemente estabiliza una carga más pesada.
Ese es el centro del debate.
El Gobierno presenta el congelamiento como protección social. Pero si el congelamiento se hace después de varios aumentos, la protección es parcial y el alivio es discutible. Es como subirle la renta a una familia y luego decirle que debe agradecer porque no se la subieron otra vez. Técnicamente puede ser cierto; humanamente suena a burla.
La política de subsidios tampoco puede usarse como cortina de humo. Si el Estado subsidia, está usando dinero público. Y si usa dinero público, el ciudadano tiene derecho a saber si ese sacrificio fiscal se traduce en protección real al consumidor o en sostenimiento de una estructura de precios conveniente para la recaudación.
Porque aquí aparece otro punto delicado: los combustibles son también una fuente importante de ingresos fiscales. Mientras más alto sea el precio base de determinados componentes, mayor puede ser el peso de algunos cargos asociados. Por eso, cuando el Gobierno habla de subsidio, también debe hablar de recaudación. No se puede presentar siempre como víctima fiscal sin transparentar cuánto recibe por impuestos al mismo tiempo que dice sacrificarse por el consumidor.
El país necesita una regla clara, verificable y simétrica. Si el Gobierno va a trasladar al ciudadano parte del aumento cuando el petróleo sube, debe comprometerse a trasladar también parte de la baja cuando el petróleo desciende. No hacerlo convierte la volatilidad internacional en una excusa de una sola vía: el mercado sirve para cobrar, pero no para aliviar.
Esa asimetría golpea la confianza.
Y cuando se pierde la confianza, incluso una medida técnicamente defendible comienza a oler a abuso. El ciudadano no está pidiendo milagros. Está pidiendo coherencia. Está pidiendo que el sacrificio no sea siempre hacia abajo y la explicación siempre hacia arriba. Está pidiendo que, si el petróleo baja en los mercados, algo de esa baja llegue a la bomba antes de perderse en los pasillos de la burocracia.
El Gobierno debe responder una pregunta sencilla, directa y legítima: ¿por qué el petróleo baja, pero la gasolina no?
Mientras esa respuesta no llegue con números claros, el congelamiento de los combustibles seguirá pareciendo menos una protección al pueblo y más una forma elegante de dejar caro lo que ya subió.
