Por Ramón Morel
El Gobierno puede exhibir crecimiento, empleos nuevos y reducción de pobreza, pero mientras más de la mitad de los ocupados siga en la informalidad y la inflación vuelva a superar el rango meta, la economía oficial seguirá caminando por una acera distinta a la vida real.
Una economía puede crecer y, aun así, dejar a demasiada gente con la sensación de que no avanza. Puede mostrar cifras positivas, celebrar nuevos empleos, exhibir estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, mantener a millones de ciudadanos atrapados en una rutina de ingresos frágiles, precios altos, informalidad laboral y escasa protección social. Ese es el punto que el discurso oficial suele esquivar: no todo crecimiento se convierte en bienestar, y no todo empleo significa progreso.
República Dominicana tiene una economía con capacidad de expansión. Eso no está en discusión. El propio Banco Mundial reconoce que el país ha crecido con rapidez durante las últimas dos décadas, por encima del promedio regional, pero advierte que para alcanzar un desarrollo realmente inclusivo necesita mejorar la productividad y generar más empleos de calidad. Esa última frase es clave: empleos de calidad. No simplemente ocupación. No cualquier trabajo. No supervivencia con ingreso. (bancomundial.org)
El Banco Central informó que la economía dominicana registró un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos en el primer trimestre de 2026. A simple vista, el dato luce positivo. Pero cuando se mira por dentro, aparece el verdadero problema: de esos nuevos ocupados, 98,127 fueron trabajadores informales, equivalentes al 82.7 % del crecimiento total del empleo; apenas 20,504 fueron formales. Como resultado, la tasa de informalidad total se ubicó en 54.1 %. (Periódico elDinero)
Ese dato debería enfriar cualquier celebración apresurada. Un país no puede presentar como gran victoria social un mercado laboral donde más de ocho de cada diez nuevos ocupados entran por la puerta de la informalidad. Puede ser empleo, sí; pero empleo sin estabilidad suficiente, sin seguridad social plena, sin garantías laborales, sin capacidad real de ahorro y muchas veces sin horizonte de movilidad. Eso no es desarrollo robusto. Es una economía que produce ocupación, pero no necesariamente ciudadanía económica.
La informalidad no es una nota al pie. Es una fractura estructural. El trabajador informal vive más expuesto al accidente, a la enfermedad, al despido sin protección, a la vejez sin pensión suficiente y al crédito caro o imposible. Para una familia, la informalidad significa que cualquier emergencia puede convertirse en ruina. Para el Estado, significa menor recaudación, menor cobertura contributiva y mayor presión sobre programas asistenciales. Para la economía, significa baja productividad y empresas pequeñas condenadas a sobrevivir, no a crecer.
El Ministerio de Economía ha publicado estudios que reconocen una verdad elemental: el desarrollo viene con el empleo, pero no todos los empleos impulsan de igual manera el bienestar ni mejoran la calidad de vida. También señala que la calidad del empleo depende de estándares que van más allá del ingreso o de la condición formal o informal, y que las políticas públicas deben prestar atención especial a los grupos más vulnerables. (mepyd.gob.do)
Ahí está el núcleo del debate. El problema no es que haya empleos nuevos. El problema es qué tipo de empleos se están creando, cuánto protegen, cuánto pagan, cuánto permiten planificar la vida y cuánto ayudan a romper la pobreza. Una economía que genera ocupación informal puede mejorar una estadística, pero no necesariamente transforma el destino de la gente.
El Gobierno también ha reportado que la pobreza monetaria general bajó a 15.4 % en el primer trimestre de 2026, una reducción de 2.6 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. Es un dato que merece ser registrado. Pero la reducción de pobreza no puede usarse como cortina para ocultar la precariedad del empleo ni la presión del costo de vida. Una familia puede salir técnicamente de la pobreza y seguir viviendo al borde del retroceso, con ingresos que apenas alcanzan para comer, transportarse, pagar servicios y sobrevivir al mes. (Presidencia de la República Dominicana)
Porque la vida no se mide únicamente en promedios. Se mide en la nevera, en el pasaje, en la factura eléctrica, en los útiles escolares, en el alquiler, en la medicina, en la comida preparada que sube poco a poco, en el colmado que fía menos y cobra más. La macroeconomía puede estar ordenada, pero si el bolsillo está desordenado, el ciudadano no siente estabilidad: siente presión.
El Banco Central reportó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.31 % en mayo de 2026, moderándose respecto al 0.49 % de abril. Sin embargo, la inflación interanual se ubicó en 5.35 %, por encima del límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. El informe también señala aumentos importantes en transporte, impulsados por combustibles, y en servicios de comidas preparadas fuera del hogar.
Ese dato importa porque la inflación no golpea igual a todo el mundo. Para quien tiene ingresos altos, una subida de precios es molestia. Para quien vive del día a día, es recorte. Se compra menos carne, se reduce el transporte, se pospone una medicina, se deja de arreglar algo en la casa, se cambia calidad por cantidad. La inflación convierte la pobreza en amenaza permanente y la clase media baja en equilibrista.
Por eso el crecimiento económico debe ser interrogado con más seriedad. ¿Está creando empleos formales o simplemente multiplicando ocupaciones de supervivencia? ¿Está mejorando salarios reales o solo aumentando el número de personas ocupadas? ¿Está fortaleciendo la seguridad social o ampliando la masa de trabajadores fuera de protección? ¿Está reduciendo desigualdades territoriales o concentrando oportunidades? ¿Está mejorando la productividad o administrando informalidad con buena presentación estadística?
El Gobierno tiene derecho a comunicar avances. Pero no tiene derecho a convertir las cifras positivas en anestesia. Una administración responsable no solo muestra lo que mejora; también reconoce lo que permanece débil. Y el mercado laboral dominicano sigue teniendo una debilidad demasiado grande para esconderla debajo de un titular optimista: más de la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad.
Tampoco basta con decir que la informalidad ha estado históricamente alta. Ese argumento explica, pero no absuelve. Que el problema venga de lejos no significa que deba seguir gobernando el presente. Precisamente porque es estructural, exige políticas más profundas: educación alineada al mercado laboral, formación técnica efectiva, simplificación para formalizar pequeños negocios, crédito productivo, protección social flexible, fiscalización inteligente, reducción de trabas burocráticas y una política económica que no se conforme con crecer, sino que se pregunte a quién le llega ese crecimiento.
La República Dominicana no necesita una economía de vitrinas. Necesita una economía de pisos firmes. Una economía donde el empleo permita vivir con cierta seguridad, no solo salir a buscar el peso diario. Donde la formalidad no sea un privilegio urbano ni una promesa de campaña. Donde la productividad se construya con formación, tecnología, crédito, innovación y mejores salarios, no sobre la espalda de trabajadores desprotegidos.
Hay una distancia peligrosa entre la economía que se anuncia y la economía que se vive. En la primera, los números avanzan. En la segunda, la gente calcula si le alcanza. En la primera, se habla de crecimiento, confianza y estabilidad. En la segunda, se pagan facturas, se busca un ingreso extra, se trabaja sin seguro, se pospone el médico, se compra menos y se espera que el próximo mes no venga peor.
Esa distancia es políticamente peligrosa. Cuando el ciudadano escucha que la economía va bien, pero su vida no mejora, no necesariamente se vuelve técnico: se vuelve incrédulo. Y la incredulidad social es uno de los costos más serios de gobernar con estadísticas que no logran tocar la mesa familiar.
El país necesita crecimiento, claro que sí. Sin crecimiento no hay empleo, inversión ni recursos públicos suficientes. Pero crecer no basta. Crecer sin formalizar es dejar a millones fuera de la protección. Crecer sin mejorar salarios es producir frustración. Crecer con inflación por encima de la meta es transferir presión al consumidor. Crecer sin productividad es caminar rápido sobre terreno flojo. Crecer sin distribuir oportunidades es convertir el éxito macroeconómico en una promesa que no termina de bajar del podio.
La discusión de fondo no es si la economía dominicana crece. La discusión es si ese crecimiento está construyendo un país más justo, más productivo y más seguro para quienes viven de su trabajo. Porque una economía no debe medirse solo por cuánto produce, sino por cuánto dignifica.
El Gobierno puede celebrar nuevos ocupados. Pero debe explicar por qué la mayoría de esos nuevos ocupados está en la informalidad. Puede destacar reducción de pobreza. Pero debe responder cuántas familias siguen a un imprevisto de volver a caer. Puede hablar de estabilidad. Pero debe mirar el costo de vida que aprieta. Puede exhibir crecimiento. Pero no puede pedirle a la gente que aplauda una prosperidad que no siente.
Al final, el crecimiento que no llega al bolsillo termina siendo una estadística bien vestida. Y el país necesita menos cifras con corbata y más bienestar con zapatos de calle.
República Dominicana no debe rechazar sus avances económicos, pero tampoco debe permitir que esos avances sean usados como maquillaje de sus debilidades sociales. El verdadero desafío no es crecer por crecer, sino convertir el crecimiento en empleo formal, ingresos dignos, protección social, productividad y tranquilidad familiar. Mientras más de la mitad de los ocupados siga en la informalidad y el costo de vida continúe presionando, la economía oficial seguirá teniendo una deuda pendiente con la vida real.
