Buenos días. Desde que el PRM asumió el poder en 2020, desató una feroz “lucha contra los actos de corrupción” que supuestamente habían cometido funcionarios del PLD. Se produjeron arrestos espectaculares, se prepararon expedientes acusatorios kilométricos, muchos de los cuales se filtraron a la prensa, y posteriormente se presentaron los sometimientos formales. Pero lo que se ha vivido es un desmoronamiento de los principales expedientes como consecuencia de un diseño procesal defectuoso. Desde el punto de vista analítico, el proceso penal dominicano presentó fallas porque el Ministerio Público apostó en las fases iniciales a los arrestos cinematográficos y a la lectura de extensas puiezas acusatorias ante la opinión pública. Como debía de esperarse, la espectacularidad mediática no logró sustituir el rigor probatorio exigido por los tribunales en las fases de fondo. Se utilizó la prisión preventiva como una suerte de «pena anticipada» para saciar la demanda social de justicia, pero al cumplirse los plazos legales máximos establecidos por el Código Procesal Penal no se dictaron las sentencias definitivas y los jueces se han visto obligados por ley a variar las medidas de coerción, otorgando la libertad a los imputados. Lo que ha quedado en evidencia es que ha habido carencia de una Justicia sincera, mientras la instrumentalización política se ha atribuido el derecho de desplegar una ofensiva anticorrupción con el único propósito de obtener ganancias políticas sobre el contrario. Esto a pesar de que se prometió en campaña adecentar el Estado y se formó un supuesto Ministerio Público independiente, con el mandato de castigar el dolo y romper con la histórica cultura de impunidad. Pero lo que ha quedo en evidencia es que todo radicaba en el interés de cosechar prebendas políticas desarticulando a la cúpula del principal partido opositor mediante el cuestionamiento moral y concentrándolo en la defensa en los tribunales. Eso facilitó que el oficialismo lograra monopolizar la narrativa de la ética pública, capitalizar el descontento social y fragmentar el bloque opositor, un factor clave para consolidar su hegemonía en los torneos electorales subsiguientes. Pero la gran lección de este ciclo es que una verdadera lucha contra la corrupción no se mide por la espectacularidad de los arrestos, sino por la solidez de las condenas. Cuando la prisa política satura el debido proceso, la justicia se diluye, dejando al descubierto las costuras de un sistema que aún no logra separar la ley de la conveniencia electoral.
