Dejar de votar en RD no es pereza. Es el cálculo racional de quien sabe que hacer fila de pie bajo el sol no cambia nada cuando los partidos son clubes privados y las elecciones, rituales sin competencia real.
El domingo electoral, mientras los discursos oficiales celebraban la «fiesta democrática», las aceras frente a los colegios electorales permanecieron desiertas. No hubo filas serpenteando bajo el sol, ni ciudadanos esperando de pie con su cédula en mano. Solo activistas pagados y delegados mirándose entre sí en pasillos vacíos. Ese espacio físico donde debió haber gente ejerciendo su derecho fue, paradójicamente, el mensaje político más contundente de la jornada.
En República Dominicana, hemos normalizado tratar la abstención como una enfermedad cívica que debe curarse con sermones morales o campañas de concientización. Pero este enfoque paternalista ignora una verdad incómoda: decidir no hacer esa fila es, para muchos dominicanos, la decisión política más racional y honesta que pueden tomar.
La matemática de la desconfianza
Los números no mienten, aunque a veces se maquillen. En los últimos procesos electorales, la participación real ha mostrado una tendencia descendente que preocupa a los analistas pero que los partidos prefieren ignorar. Cuando se cruza la votación válida con el padrón electoral depurado y no solo con los inscritos históricos, la cifra de quienes ejercieron su derecho al voto se encoge significativamente.
Esto significa que gobiernos con mayorías absolutas en el Congreso o en la presidencia están siendo legitimados, en términos demográficos reales, por menos de un tercio de la población en edad de votar. La matemática es simple y devastadora: tenemos instituciones llenas de poder, pero vacías de representación amplia.
Tres razones para no hacer la fila
El abstencionista dominicano no es un ente monolítico. Hay quien se queda en casa por desencanto ideológico, por falta de tiempo o por rechazo visceral al sistema. Pero si analizamos los patrones recientes, emergen tres causas estructurales verificables:
Primero, la falta de competencia real. El sistema de partidos se ha convertido en un oligopolio donde las diferencias programáticas son cosméticas. Los electores perciben que, gane quien gane, las políticas económicas, la gestión de la deuda y las dinámicas de corrupción permanecerán inalterables. Hacer fila de pie durante horas se siente como un sacrificio inútil cuando el resultado está predeterminado.
Segundo, la desconexión programática. Las plataformas electorales siguen siendo listas de deseos genéricos que no hablan el idioma de los problemas cotidianos. Mientras la clase media urbana exige meritocracia y seguridad jurídica, y los jóvenes demandan oportunidades reales de movilidad social, la oferta política sigue anclada en el clientelismo, la obra física y el caudillaje personalista. El ciudadano no ve su vida reflejada en la boleta, y mucho menos en la espera bajo el sol.
Tercero, la crisis de confianza institucional. La Junta Central Electoral, los partidos y el sistema de justicia electoral arrastran un déficit de credibilidad acumulado. Cada crisis resuelta a medias, cada denuncia de irregularidad sin consecuencia clara y cada reforma cosmética profundizan la certeza de que las reglas del juego están diseñadas para proteger a los jugadores, no a quienes hacen la fila.
La falacia del deber cívico
Durante décadas, se nos ha enseñado que votar es un deber sagrado. Y lo es, en teoría. Pero en la práctica, exigir participación ciega en un sistema roto es pedir sumisión, no civismo.
El verdadero acto cívico no es marcar una boleta por inercia o por presión social. El verdadero civismo implica discernimiento. Si ningún candidato representa mis valores, si ninguna plataforma ofrece soluciones creíbles, si confío más en mi capacidad de organización comunitaria que en la promesa de un político, entonces abstenerse es un acto de integridad. Es decir «no» a validar un teatro en el que ya no creo, aunque eso signifique renunciar al ritual de la fila.
Por supuesto, esto no justifica la indiferencia ante la cosa pública ni la venta del voto. La abstención puede ser noble o puede ser cómplice. Pero asumir automáticamente que es ignorancia es un lujo que nuestra democracia no puede seguir dándose.
El costo de la acera vacía
Entender la abstención no significa celebrarla. Tiene costos reales. Gobiernos con baja legitimidad de origen tienden a ser más autoritarios, más propensos al populismo compensatorio y menos estables a largo plazo. La ausencia en las urnas debilita el mandato y abre la puerta a aventuras caudillistas que prometen romper el sistema desde adentro.
Además, la abstención suele ser selectiva: afecta más a los jóvenes, a los sectores medios urbanos y a los profesionales independientes. Esto distorsiona la representatividad y deja el campo libre a las maquinarias tradicionales que sí logran movilizar a sus bases mediante incentivos materiales. El resultado es un círculo vicioso: menos calidad en la participación genera peores gobiernos, lo que genera más abstención.
La abstención en República Dominicana no es el problema; es el síntoma. Es el termómetro que marca la fiebre de un cuerpo político enfermo de desconexión.
Si queremos recuperar la participación, debemos dejar de regañar al ciudadano y empezar a reconstruir la oferta. Los partidos no necesitan más marketing; necesitan menos arrogancia y más escucha. Necesitan abrirse a nuevas voces, renovar sus liderazgos y ofrecer algo más que promesas recicladas.
Hasta entonces, la acera seguirá vacía. No como un vacío, sino como un espejo. Y en ese espejo, la clase política dominicana debería tener el valor de mirarse a la cara y preguntarse no por qué la gente no hace la fila, sino qué ha hecho ella para merecer que le den la espalda.
