(Y segunda parte)
Buenos días. En nuestra entrega del pasado viernes abordamos el complicado tema del motoconcho. Decíamos que el problema tiene raíces profundas y espinosas que, por temor al costo político, los gobernantes han optado por aplicar paliativos, como los famosos operativos, que en definitiva no han resuelto, ni resolverán, el problema y que, por el contrario, se ha expandido y agudizado. Sin temor a equívoco puede afirmarse que el sector motoconcho se ha atomizado y organizado en poderosas federaciones y sindicatos, que no solo representan un caudal de votos envidiable, sino que son un instrumento vital para las campañas electorales. Y eso puede apreciarse en cada proceso eleccionario que vive el país, cuando los motoristas se convierten en un actor codiciado por candidatos y partidos. Quiérase o no, estos representan un grupo de presión capaz de paralizar vías o generar un alto descontento social si se siente amenazado o agredido por cualquier tipo de regulación que se pretenda imponer. Lamentablemente, la irresponsabilidad oficial lo permitió así prefiriendo mantener la simpatía electoral por encima del cumplimiento de la ley de tránsito. Y al final, esa permisividad, el dejar hacer y dejar pasar le sale extremadamente caro al país, al punto de que somos líderes mundiales en mortalidad por accidentes de tránsito, caso en que las motocicletas están involucradas en la gran mayoría de esos eventos. Al deprimente panorama hay que sumar el desbordamiento de las salas de traumatología de nuestros hospitales públicos, que permanecen repletas de jóvenes mutilados o con traumas craneales. Y no menos peor es que el Estado dominicano destina miles de millones de pesos al año para subsidiar la atención médica de los accidentados en las motocicletas, un dinero que bien podría invertirse en educación, infraestructura o en el mismo transporte masivo. Queda claro pues, que lo del motoconcho no se va a resolver con promesas alegres ni con operativos mediáticos de pocos días. Requiere una voluntad política real que esté dispuesta a asumir el costo político inicial en favor de un beneficio nacional a largo plazo, siempre partiendo de que regular no significa eliminar sino registrar las unidades, exigir licencias, hacer cumplir el uso del casco, fiscalizar las violaciones de luz roja y prohibir el tránsito en vía contraria. El deber oficial y la preservación de la vida de los ciudadanos deben, de una vez por todas, pesar más que el miedo a perder unos puntos en las benditas encuestas.
