Autoridades cómplices ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 en el 2011, debido a la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, reconocer las distorsiones introducidas y la posposición ilegal de las reformas dispuestas por la ley.
Por Arismendi Díaz Santana
Lamentablemente, todavía el país no cuenta con estudios independientes que evalúen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en sus 25 años de funcionamiento. Alabanzas de muchos, demonización de pocos, sin la existencia de una evaluación integral y objetiva sobre el impacto de esta importante reforma social.
Desde luego, se citan muchos resultados positivos en comparación con la situación del viejo IDSS durante más de medio siglo. El sistema ha logrado una cobertura casi universal, protegiendo a más de 10 millones de personas, ha acumulado un fondo multimillonario para el retiro y ha ampliado notablemente el gasto nacional en salud.
Pero, como hemos señalado en varias oportunidades, esos logros sin precedentes, por sí solos, no son suficientes de acuerdo a las necesidades de la población, ni en relación a los objetivos y metas prometidos. Y tampoco se corresponden con el crecimiento sostenido de la economía nacional.
La mayoría de los informes disponibles coinciden en que el SDSS constituye «la conquista social de mayor trascendencia del país”. Pero también reconocen el atraso en la aplicación de las reformas del sistema de salud y la necesidad de cambios urgentes para ampliar los beneficios y asegurar el financiamiento y la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.
Ante la extrema polarización sobre el impacto real del sistema, la ausencia de una evaluación objetiva cuestiona la responsabilidad de las autoridades sectoriales con suficiente información y recursos para contratar estudios para orientar una reforma integral de la Ley 87-01. La ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la direccionalidad y profundidad de los cambios necesarios.
Según los resultados de búsqueda obtenidos, no existen estudios específicos sobre los factores determinantes de la reducción de la demanda de los servicios públicos. ¿Cuáles factores explican la tradicional precariedad de los servicios públicos? ¿Por qué las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto de salud?
Pero esta carencia no es accidental. Sectores beneficiarios del status quo y autoridades complacientes ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 al 2011. Una clara evidencia de la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, eliminar distorsiones e impulsar las reformas dispuestas por la ley.
Aunque el 97% de la población está afiliada, esto no necesariamente se traduce en acceso real, ni en calidad del servicio, ni en protección financiera real. El alto gasto familiar de bolsillo revela que la mera afiliación no implica una protección efectiva, un punto que rara vez se destaca en algunos informes sobre los logros.
Detener la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización
Existe una fuerte crítica de que la ejecución actual prioriza la rentabilidad de los actores privados (AFP, ARS y PSS) sobre la protección social. Nuestra Fundación ha denunciado la «captura del sistema por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios «, evitando la producción de informes que evidencien esa subordinación.
No cabe dudas de que cualquier estudio cualitativo e imparcial, terminaría revelando la persistencia de limitaciones y obstáculos durante más de dos décadas. Por ejemplo, la ausencia del Régimen Contributivo-Subsidiado y la estrategia de Atención Primaria. Además, la eliminación hace 9 años del cálculo de las Cuentas Nacionales en Salud (CNS) y la sustitución ilegal del Plan Básico de Salud (PBS) siendo la columna vertebral del SFS.
Entre los gremios y grupos más influyentes existe un lamentable «consenso sobre la inacción» donde todos los actores y sectores reconocen las fallas, pero “acuerdan implícitamente” no tomar decisiones ni favorecer investigaciones profundas que desnuden las ventajas y privilegios de las minorías dominantes, tanto de derecha como de izquierda.
En resumen, la falta de análisis del impacto cualitativo del SDSS no es un mero descuido. Es el resultado de una política pública que aplica la Ley según las presiones de gremios y sectores más retrógrados. Que carece de voluntad política para autorregularse; que mantiene barreras financieras y administrativas excluyentes y que evita la transparencia de cualquier evaluación independiente y objetiva.
