Hay una escena que se repite elección tras elección: ciudadanos que pasan años denunciando abusos, corrupción o ineficiencia… y el día de votar terminan apoyando a los mismos actores que encarnan esas prácticas. Desde fuera, parece una contradicción. Desde dentro, es una lógica perfectamente funcional.
No es hipocresía. Es cálculo.
El error está en asumir que el voto es una extensión directa de las convicciones. En contextos como el dominicano, el voto es, muchas veces, una herramienta de supervivencia o de oportunidad. Se vota no por quien representa mejor una idea, sino por quien ofrece mayores probabilidades de resolver algo, aunque sea puntual, aunque sea inmediato.
Eso cambia completamente la lectura.
Cuando un ciudadano critica a un político pero termina votando por él, no necesariamente está validando su conducta. Está evaluando el terreno. Sabe quién tiene estructura, quién puede ganar, quién tiene capacidad de responder a una necesidad concreta. Entre la pureza ideal y la utilidad tangible, elige lo segundo.
Es un voto condicionado por la realidad.
Durante años, el sistema político ha moldeado ese comportamiento. La distribución de recursos, el acceso a empleos, la intermediación para servicios básicos, todo ha pasado, en mayor o menor medida, por canales políticos. Eso crea una relación distinta entre el ciudadano y el poder: menos abstracta, más transaccional.
No se vota solo por un proyecto. Se vota por acceso.
En ese contexto, la crítica pública cumple otra función. Es una forma de desahogo, de marcar distancia moral, de decir “yo sé cómo son las cosas”. Pero a la hora de decidir, entra otro tipo de razonamiento. Uno más frío, más inmediato.
El problema no es que la gente no vea las fallas. Es que siente que no tiene mejores opciones reales.
Y ahí entra un elemento clave: la percepción de viabilidad.
Muchos votantes no eligen a su candidato ideal porque entienden que no tiene posibilidad de ganar. Prefieren apostar por alguien con opciones, incluso si no les convence del todo. Es el voto estratégico llevado al extremo: no se vota por lo mejor, sino por lo posible.
Eso, repetido a gran escala, termina reforzando a los mismos actores.
Es un círculo que se retroalimenta.
Los partidos entienden esa lógica y la explotan. Invierten más en estructura que en ideas, más en presencia territorial que en coherencia programática. Saben que, al final, una parte importante del electorado tomará decisiones basadas en quién está en posición de resolver, no en quién tiene el mejor discurso.
Y mientras eso funcione, no hay incentivo real para cambiar.
Pero reducirlo todo a un problema del sistema sería incompleto. También hay una responsabilidad compartida. El votante pragmático no es solo víctima de las circunstancias; es también un actor que, al repetir ese patrón, contribuye a sostenerlo.
Es una relación de mutua adaptación.
El político ofrece lo que sabe que funciona. El ciudadano responde a lo que tiene a mano. Ambos operan dentro de un marco que premia la inmediatez sobre la transformación.
Y así, la crítica se vuelve ritual, el voto se vuelve cálculo y el cambio estructural se queda siempre en el próximo ciclo.
Lo más interesante es que esta dinámica no genera necesariamente frustración permanente. Muchos votantes no esperan grandes transformaciones. Ajustan sus expectativas. Miden el éxito en función de pequeñas mejoras, de beneficios concretos, de soluciones puntuales.
Es una política de mínimos.
Y en ese terreno, la incoherencia deja de ser un problema. Se convierte en una herramienta.
Porque al final, el votante no siempre busca coherencia.
Busca resultados.
Aunque sean parciales.
Aunque sean temporales.
Aunque vengan de aquello mismo que critica.
