No se trata de romantizar la minería. Se trata de reconocer una realidad: la vida moderna depende de minerales. La pregunta ética no es cómo eliminar la minería, sino cómo hacerla responsable, fiscalizada, transparente y compatible con el agua y la vida
Ing. Juan Felipe Ditrén Flores
El debate sobre el Proyecto Romero en San Juan no puede quedarse únicamente en el agua, aunque el agua debe ser la prioridad absoluta.
También hay otra pregunta igual de importante:
¿Qué beneficio real recibiría San Juan si un proyecto minero llegara a ser ambientalmente viable?
Porque una cosa es que una mina genere exportaciones, impuestos y empleos.
Otra muy distinta es que esos beneficios se conviertan en carreteras, acueductos, riego, agroindustria, educación técnica, salud, emprendimiento, empleos duraderos y oportunidades para los jóvenes de la provincia.
Esa es una preocupación legítima.
Mucha gente dice: “si la minería fuera riqueza para los pueblos, Bonao y Cotuí serían ricos”.
Esa frase no debe descartarse con arrogancia. Hay que escucharla, porque expresa una falla real: durante años, muchas comunidades mineras no han visto de manera clara, transparente y ordenada los beneficios que genera la explotación de recursos naturales.
Pero la respuesta no debe ser detener todo desarrollo.
La respuesta debe ser cambiar el modelo.
La minería no debe verse como una caja de dinero que entra al Estado y luego se pierde en el presupuesto general.
La minería debe convertirse en desarrollo territorial planificado.
Si el Proyecto Romero algún día demuestra, mediante estudios serios, que puede operar sin comprometer el agua, entonces San Juan debe exigir mucho más que promesas.
Debe exigir compromisos legalmente vinculantes:
un fondo provincial de desarrollo;
un fideicomiso transparente;
auditoría pública anual;
participación comunitaria;
veeduría de universidades, Iglesia, técnicos y productores;
publicación de todos los ingresos recibidos;
inversión obligatoria en riego, caminos agrícolas, acueductos, agroindustria, formación técnica y emprendimiento local;
y un plan de transición económica desde el primer año, no cuando cierre la mina.
Porque una mina de vida corta no puede sustituir la vocación agrícola de San Juan.
Debe, si se aprueba, fortalecerla.
El objetivo no puede ser que los jóvenes abandonen el campo por empleos temporales.
El objetivo debe ser que la renta minera financie agricultura tecnificada, agroindustria, educación técnica, empresas locales, servicios, turismo de montaña y mejores condiciones de vida.
También hay que decirlo claramente: todo lo que usamos depende directa o indirectamente de la minería.
Celulares, computadoras, vehículos, paneles solares, televisores, cemento, acero, equipos médicos, redes eléctricas y baterías requieren minerales.
El mundo moderno no existe sin minería.
La pregunta responsable no es si necesitamos minería.
La pregunta es qué tipo de minería aceptamos, bajo qué controles, con qué garantías ambientales y con qué distribución justa de beneficios.
San Juan no debe cambiar agua por oro.
Pero tampoco debe renunciar al desarrollo por miedo.
La salida correcta es ciencia, transparencia y una nueva gobernanza de la renta minera.
Si el proyecto no es ambientalmente viable, debe rechazarse.
Pero si demuestra viabilidad, entonces San Juan debe exigir que la riqueza no pase por la provincia sin quedarse en su gente.
Minería sin agua segura, no.
Minería sin transparencia, no.
Minería sin desarrollo local, tampoco.
