Opinión Nelson Reyes Estrella / Politólogo, periodista, abogado y ecologista. Docente de la escuela de Ciencias Políticas de la UASD.
En la República Dominicana, cada vez que colapsa un puente o se reportan daños estructurales en vías o infraestructuras cercanas a ríos, la retórica oficial suele girar en torno a fenómenos naturales como La Niña y El Niño, así como a las lluvias intensas asociadas al cambio climático. Sin embargo, esta narrativa omite un factor determinante: la extracción indiscriminada de materiales por parte de granceras y la débil, cuando no inexistente, capacidad del Estado para regularlas.
El discurso y la práctica del desarrollo no pueden seguir utilizándose como excusa para la depredación de nuestros recursos estratégicos. La extracción de agregados es necesaria, pero debe realizarse bajo reglas estrictas, en zonas delimitadas y con controles gubernamentales institucionales. Lo contrario es hipotecar la estabilidad de nuestros ríos y la seguridad de nuestras infraestructuras.
No se trata solo de autorizar o no una concesión, sino de garantizar que cada intervención cumpla con criterios científicos, ambientales y de seguridad. Cuando el Estado permite, tolera o no supervisa adecuadamente estas actividades, deja de ser árbitro para convertirse, por acción u omisión, en parte del problema.
En los países donde se ha hecho conciencia del valor de los ríos, la gestión responde a una lógica de equilibrio ecológico y seguridad territorial, donde se invierten millones en restaurar sedimentos y devolver materiales a los cauces naturales, precisamente para evitar erosión, inundaciones y daños a infraestructuras. Es decir, se paga por corregir lo que la naturaleza desplaza.
En la República Dominicana ocurre, lamentablemente, lo contrario: se paga —o se autoriza— destruir los ríos mientras están vivos para satisfacer las necesidades de las granceras, que compran favores políticos e institucionales para, de manera impune, degradar estos ecosistemas, de los más complejos, importantes y necesarios para el Estado.
A diferencia de esos modelos de gestión, aquí no solo se autoriza la extracción de agregados, sino que, en muchos casos, se tolera la alteración profunda del cauce, afectando su morfología, su estabilidad y su función ecológica. No estamos hablando de una actividad extractiva controlada, sino de prácticas que, en los hechos, equivalen a una intervención agresiva del sistema fluvial.
Más grave aún, estas operaciones no se sostienen únicamente por la iniciativa privada. En torno a ellas se ha configurado una estructura de intereses que muchos ciudadanos perciben como verdaderos carteles extractivos, con niveles de influencia que superan incluso otros esquemas ilegales. En palabras del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en una actividad realizada en la UASD en 2022: “yo pensaba que los carteles eran los de drogas, pero los verdaderos carteles son las granceras”. Esta percepción no surge del vacío: se alimenta de la impunidad, la complicidad, la persistencia de prácticas irregulares y la inacción de las autoridades llamadas a regular.
Cuando se remueve material del lecho de un río sin criterios técnicos, se alteran los flujos hidráulicos y se incrementa la vulnerabilidad de infraestructuras adyacentes, tales como puentes, carreteras y comunidades enteras que dependen del río. La infraestructura no colapsa por sorpresa; colapsa porque fue debilitada sistemáticamente. Es un proceso acumulativo, silencioso, pero devastador.
El río Camú, en Puerto Plata, representa el caso más reciente; sin embargo, en esta misma provincia existen antecedentes de numerosas denuncias vinculadas al río Bajabonico, donde la extracción de materiales ha sido reiteradamente señalada por su intensidad y por los daños provocados al entorno. En ese contexto, se registró incluso el secuestro de un equipo periodístico que investigaba estas prácticas. Asimismo, sobresale el caso del río Tireo, en Constanza, donde a una persona le quitaron la vida tras oponerse a la extracción de arena, evidenciando el nivel de conflictividad asociado a estas actividades.
A estos ríos se suma una lista interminable de cuerpos hídricos que constantemente ocupan las páginas de los medios. Entre los más emblemáticos e importantes están el Yuna, a su paso por Bonao, en Monseñor Nouel, y el Nizao, en la provincia Peravia. A pesar de que las comunidades y organizaciones ambientalistas denuncian de forma reiterada, no reciben respuestas satisfactorias de las autoridades y, como consecuencia, han visto transformar sus ríos en canales degradados, con efectos directos en la seguridad hídrica, la agricultura y la conectividad vial durante las temporadas de lluvias.
La diferencia entre un país que invierte en restaurar sus ríos y otro que permite su degradación no es solo económica; es institucional. Es la distancia entre un gobierno que planifica y uno que reacciona tarde, cuando el daño al Estado ya ha sido causado; y, bajo ese esquema errado y de debilidad institucional, están colapsando infraestructuras vitales y empobreciendo a nuestra gente.
En definitiva, la problemática de las granceras no es únicamente ambiental, sino profundamente institucional y estructural. Mientras no exista voluntad política real para regular, supervisar y sancionar con rigor estas prácticas, el país seguirá pagando las consecuencias en forma de infraestructuras colapsadas, ecosistemas degradados y comunidades vulnerables. Proteger los ríos no es una opción, es una obligación del Estado; y postergarla equivale a seguir debilitando las bases mismas del desarrollo sostenible y de la seguridad nacional.
