La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia no solo por la captura de Nicolás Maduro en la “Operación Determinación Absoluta”, sino por la instauración de un modelo de gestión política que desafía cualquier noción moderna de soberanía. Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de actuar como una potencia diplomática para comportarse como un gerente general de los recursos ajenos, dictando órdenes sobre el destino de Venezuela y repartiendo su petróleo entre corporaciones norteamericanas antes de que se haya consolidado siquiera una transición política real.
El epicentro de este insólito gobierno transnacional se trasladó de Caracas a la Casa Blanca, donde Trump recibió a ejecutivos de una veintena de empresas petroleras para trazar la hoja de ruta de la explotación del crudo venezolano. En esta reunión, que incluyó a gigantes como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, el mandatario estadounidense no solo instó a las compañías a invertir 100,000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura energética del país sudamericano, sino que anunció que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. Este plan de acción, ejecutado bajo las instrucciones directas de Trump a su secretario de energía, Cris Wright, se presenta como un intento de recuperar lo que el presidente denomina “petróleo robado”, ignorando que los recursos del subsuelo pertenecen, por derecho internacional, al Estado venezolano.
Lo que el mundo observa con estupor es la anulación de facto del sistema multilateral. Mientras el presidente estadounidense declara abiertamente que su país “gobernará” Venezuela hacia una transición y que estará “muy involucrado” en su industria petrolera, los organismos encargados de velar por el orden global permanecen paralizados. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, ha sido contundente al señalar que la organización ha sido “rebasada por los hechos” y ha quedado prácticamente paralizada frente a una intervención militar unilateral. El Consejo de Seguridad de la ONU, fracturado por los intereses contrapuestos de sus miembros permanentes, se encuentra en un estado de parálisis diplomática donde el derecho a la soberanía choca frontalmente con la doctrina de seguridad regional impuesta por Washington.
Incluso la OEA, que tradicionalmente ha sido el foro para las controversias hemisféricas, ha sido reducida a la irrelevancia ante la unilateralidad de la administración Trump. La captura de un jefe de Estado en ejercicio, independientemente de su legitimidad política y su traslado forzoso a tribunales de Nueva York constituye una violación flagrante del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Expertos en derecho internacional advierten que estamos presenciando un retorno al “derecho de conquista”, ahora envuelto en una narrativa de justicia y lucha contra el narcoterrorismo.
Esta nueva forma de intervencionismo ha sido bautizada por algunos analistas como la “doctrina Donroe”, un neologismo que fusiona el nombre del presidente Trump con la histórica doctrina Monroe. Bajo esta lógica, Estados Unidos se atribuye el derecho de intervenir en los demás países de la región para salvaguardar sus intereses comerciales y de seguridad, redefiniendo la soberanía ya no como un derecho absoluto de los pueblos, sino como una concesión sujeta a la aprobación de Washington. La advertencia es clara para el resto de América Latina, pues la soberanía ya no es una garantía frente a la arbitrariedad de la ley del más fuerte.
El insólito gobierno transnacional que hoy dirige la explotación y comercialización del petróleo venezolano desde oficinas en el Norte no busca restituir derechos, sino administrar poder y riqueza. Al ignorar deliberadamente a la oposición democrática venezolana y centrar su estrategia en el control de los hidrocarburos, la administración Trump refuerza la percepción de que la intervención es, en esencia, una operación de carácter corporativo y geoestratégico.
El precedente es devastador para el orden global. Si se acepta que una potencia puede invadir, capturar mandatarios y repartir recursos naturales sin mandato multilateral, ningún Estado del Sur Global estará realmente a salvo. El mundo hoy mira a Venezuela, pero la verdadera pregunta que flota en el aire internacional es, si el derecho ha sido sustituido por la fuerza bruta, ¿quién será el próximo en la lista de este nuevo orden transnacional?
