Por Paíno Abreu Collado
(Especial para De Ahora)
El Ministro de Medio Ambiente dominicano dijo que se habían emitido seis mil licencias ambientales de enero a noviembre del presente año y que eso fue posible debido al proceso de transformación introducido, basado en herramientas tecnológicas, denominándolo “ministerio inteligente”. La mejora en los servicios puede ser, pero circulan informaciones que cuestionan su alcance.
El sistema de evaluación ambiental bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente se origina en la Ley General de Medio Ambiente No. 64-00, siendo uno de los 12 instrumentos de gestión del medio ambiente y los recursos naturales descritos en el Artículo 27 de la misma, con el nombre de “Permisos y Licencias Ambientales”.
Luego, la misma ley en el artículo 38 establece el proceso de Evaluación Ambiental, con el propósito de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades.
Dicho proceso inicia con la solicitud de una autorización por parte del promotor (persona, empresa o institución del Estado interesada), a través de la plataforma digital de Autorizaciones Ambientales. Dependiendo de la categoría del proyecto se emiten unos términos de referencia (TdR) con los cuales se elaboran los estudios de impacto ambiental (EIA) o las declaraciones de impacto ambiental (DIA), enunciándose los efectos positivos o negativos y sobre estos últimos los indicadores de mitigación que se utilizarán.
En la reglamentación para fines evaluativos se han establecido diferentes categorías de proyectos según su naturaleza e impactos sobre el medio ambiente. Las “Licencias Ambientales” están concebidas para proyectos de categoría A que son de alto impacto ambiental, por lo que requieren un estudio de impacto ambiental (EIA).
Los proyectos de categoría B, que son de mediano impacto, requieren declaraciones de impacto ambiental de parte de los desarrolladores y de ser aprobados, se les otorgan “Permisos Ambientales”. Asimismo, los proyectos de categoría C, que son de moderado impacto ambiental, no requieren estudios ni declaraciones de impacto, solo el propósito y un programa de manejo y adecuación ambiental simplificado y si son aprobados, se les emite una “Constancia Ambiental” indicativa de que el proyecto se puede desarrollar cumpliendo las normativas reglamentarias y de ley. Existe también la categoría D, para proyectos considerados de impacto mínimo que incluso se conocen y se aprueban en las oficinas provinciales del Ministerio de Medio Ambiente. A estos últimos se le otorga el llamado “Certificado de Impacto Mínimo” (CRIM).
Una vez presentado el estudio o declaración, será evaluado por el Ministerio, comprobando que cumple las condiciones indicadas. El trabajo de evaluación implica investigación, visitas de campo (si necesario), levantamiento de datos y análisis por un personal técnico especializado. El jefe de departamento o coordinador de la evaluación emite un informe de opinión que será la base que origina la aprobación o rechazo, o quizá, nuevos requerimientos de datos e informaciones complementarias.
El otorgamiento de una licencia ambiental requiere la aprobación de un Comité de Validación con la presencia del propio Ministro y los viceministros temáticos, después de haber pasado por los Comités de Revisión y de Evaluación. Habría que imaginarse al Ministro del ramo aprobando 25 licencias ambientales diarias, es decir, más de una por cada hora del día. Esto, suponiendo que trabaje corrido las 24 horas de todos los días laborables del año, que es el cálculo que arroja la media del dato que recientemente lanzó al aire el ministro dominicano de medio ambiente.
En realidad, históricamente las licencias ambientales emitidas en la República Dominicana cada año se cuentan solo por decenas y no por miles, como se ha informado. De hecho, en su página web el Ministerio informa haber aprobado 43 licencias ambientales de enero a octubre de este año 2025, de las cuales solo 15 son nuevas, las demás son renovadas o modificadas. En el mismo periodo aparecen 189 permisos ambientales otorgados.
Ahora bien, si cuando el Ministro habló de seis mil “licencias” incurrió en una imprecisión, queriendo decir “autorizaciones ambientales”, que incluyen licencias, permisos, constancias y certificados, entonces es evidente que el Ministerio habría otorgado 5,768 autorizaciones de las dos últimas categorías (constancias y certificaciones). En tal situación, habría que revisar los cambios y reajustes que se le introdujeron al Reglamento de Autorizaciones Ambientales, pues además de los rumores que circulan (sobre los que ya alertamos en nuestro rol de dirigente político), habría que agregar otro que también suena y que tiene que ver con el cambio hacia la baja de los requisitos para otorgar licencias y permisos, a fin de que caigan más en las categorías de constancias y certificaciones.
Hay que entender las presiones a que estará sometido el Ministro de Medio Ambiente desde todos los sectores y en especial de las industrias: turística, construcción, comercio, energía y minería, a fin de acelerar el sistema de autorizaciones ambientales. Incluso el periódico Diario Libre editorializó hace poco sobre el potencial de la industria minera, pero llamó la atención sobre las dificultades relacionadas con “permisos que tardan años, trámites que se multiplican sin razón y procesos que desincentivan la inversión”.
Suponiendo que en el sistema de permisología del Ministerio de Medio Ambiente dominicano lo que hay realmente es burocratismo y/o burocratización, que son las enfermedades de la burocracia de que hablaba Max Weber a principios del siglo XX (formalismo excesivo, racionalización extrema y la rigidez de la famosa “jaula de hierro” de reglas, rutinas y procedimientos que apresan), entonces habría que mirar la calidad del personal que tiene en sus manos la tarea de evaluar las solicitudes de autorizaciones ambientales.
En todo caso, lo que no se puede permitir es suavizar los estándares del rol fundamental del Ministerio, en relación a la prevención de impactos ambientales negativos que pueden ser evitados, minimizados o mitigados, ejerciendo los debidos controles en el momento preciso, es decir, cuando se autoriza y luego, monitoreando, supervisando y fiscalizando los procesos en desarrollo.
Lo que sí se verifica es que el Ministerio de Medio Ambiente dominicano requiere con urgencia más recursos para fortalecer sus capacidades técnicas, la transparencia y los controles anteriores y posteriores a las autorizaciones ambientales que otorga. Eso es absolutamente cierto.
