Nueva York, EE. UU.- La abogada y defensora de los derechos de la neurodiversidad y Madre Azul, Maxi Feliz, formuló un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al Estado dominicano para que se ejecute de inmediato un levantamiento nacional de estadísticas sobre autismo y se implementen protocolos de diagnóstico temprano, accesible y gratuito en todo el territorio nacional.
La reconocida como pionera de la primera investigación jurídica sobre autismo en la República Dominicana, dirigió su exhortación al Poder Ejecutivo y a las instituciones con competencia directa: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), responsable de la data oficial del país.
“El Estado dominicano no puede seguir planificando a ciegas. Sin datos, no hay políticas públicas sostenibles. Sin estadísticas, no hay inversión ni seguimiento. Es urgente que el presidente Luis Abinader ordene un levantamiento nacional para conocer cuántas personas viven con autismo en el país, su distribución por edad, región y condición socioeconómica”, sostuvo Maxi Feliz.
Citó que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en los Estados Unidos 1 de cada 36 niños está dentro del espectro autista y en países como Chile, Argentina, México y España, los gobiernos cuentan con registros nacionales y censos periódicos que permiten destinar presupuestos, crear escuelas inclusivas y formar personal especializado.
Dijo que en contraste, República Dominicana carece de datos oficiales, lo que impide planificar, presupuestar y garantizar derechos básicos.
“Cada niño sin diagnóstico es una historia silenciada. No sabemos cuántos hay, dónde están ni qué tipo de apoyo reciben. Esa invisibilidad es una forma de violencia institucional”, afirmó.
Maxi Feliz también destacó que la falta de diagnóstico limita el acceso al certificado vinculado a la neurodiversidad que emite el CONADIS, documento que es requisito para recibir el subsidio económico de aproximadamente 6 000 pesos mensuales gestionado por el programa Supérate. Sin embargo, cuestionó con dureza el criterio discriminatorio que deja fuera a miles de familias.
“En la práctica, ese subsidio solo llega a quienes tienen diagnósticos catalogados como severos. ¿Y los demás? Hay miles de familias con niños en el espectro moderado o leve que también enfrentan altos costos en terapias, transporte y alimentación especializada, pero son excluidos. Eso es discriminación institucional. El CONADIS debería ser el ente que garantice equidad y acompañamiento a las personas neurodivergentes, no depender de filtros que profundizan la desigualdad”, indicó.
La líder de la diáspora dominicana hizo énfasis en que el levantamiento estadístico permitiría crear políticas de Estado reales, orientar los presupuestos de salud, educación y desarrollo social, y diseñar una respuesta integral basada en evidencia, no en suposiciones.
“Países que han avanzado en inclusión lo han hecho gracias a la data. La información es poder: permite formar maestros, planificar terapias, crear centros regionales y asignar recursos con justicia. En cambio, nosotros seguimos improvisando”, sostuvo.
