Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el sector arrocero dominicano enfrenta una crisis severa que amenaza con llevar a la quiebra a miles de productores y molineros, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. Según la organización política, las políticas de importaciones descontroladas impulsadas por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) son las principales responsables de esta situación.
En una rueda de prensa encabezada por el ingeniero Héctor Acosta, vocero del Subgabinete Agroalimentario de la FP, se señaló que el mercado nacional ha sido “inundado” con arroz importado, generando un sobreinventario que ha provocado una grave crisis de comercialización. “Es increíble que desde el Palacio Nacional se esté propiciando la quiebra de un sector que genera más de 200,000 empleos directos, involucra a unos 30,000 productores y aporta más de 40 mil millones de pesos al PIB nacional”, afirmó Acosta.
La FP destacó que en 2024 se importaron 4.7 millones de quintales de arroz por un valor de 152.7 millones de dólares, superando los límites establecidos por la Comisión Nacional Arrocera (CONA). Este volumen, según el partido, viola acuerdos previos y compromete la sostenibilidad del sector. Además, se denunció que el Gobierno no ha cumplido con el pago de incentivos prometidos, como los 100 pesos por fanega para la cosecha de 2022, ni con la pignoración atrasada, lo que agrava la situación de los productores.
Para abordar la crisis, la Fuerza del Pueblo propuso medidas urgentes:
1. Suspender totalmente las importaciones de arroz por el resto de 2025, salvo excepciones legales.
2. Reglamentar que futuras importaciones sean aprobadas por mayoría en la CONA.
3. Habilitar gratuitamente almacenes de INESPRE para aliviar el sobreinventario.
4. Pagar con urgencia la pignoración atrasada para apoyar a los molineros.
“Esto no es solo un problema de cifras; hablamos de 30,000 productores y 300,000 personas que dependen de esta cadena productiva”, enfatizó Acosta, instando al Gobierno a actuar de inmediato para proteger al sector arrocero y garantizar la seguridad alimentaria del país.
