La República Dominicana enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora en dos sectores esenciales para el desarrollo humano y nacional: la educación y la salud. Ambos sistemas están íntimamente ligados, formando los cimientos del progreso y bienestar colectivo. Sin una población educada y saludable, cualquier sueño de desarrollo sostenible se convierte en una quimera. Sin embargo, el gobierno dominicano ha demostrado una alarmante incapacidad para gestionar eficazmente estas áreas, dejando a millones de ciudadanos atrapados en un ciclo de pobreza, desigualdad y desesperanza. Este artículo aborda cómo el fracaso gubernamental en educación y salud ha perpetuado este estado de estancamiento y exclusión.
A pesar de la tan anunciada inversión del 4% del PIB en educación, la calidad del sistema educativo sigue siendo una de las peores en la región. Los estudiantes dominicanos ocupan posiciones alarmantemente bajas en evaluaciones internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), lo que evidencia un fracaso en la enseñanza de habilidades básicas como lectura comprensiva y matemáticas.
La desigualdad educativa es otra barrera crítica. Mientras en zonas urbanas algunos estudiantes tienen acceso a escuelas relativamente bien equipadas, en áreas rurales muchos niños deben caminar kilómetros para asistir a escuelas en condiciones deplorables, donde el agua potable, los baños y el material didáctico son lujos inexistentes. Esto no es solo una negligencia; es una violación sistemática del derecho a una educación digna.
La pandemia de COVID-19 agravó aún más esta brecha. Aunque se implementaron programas de educación a distancia, la falta de acceso a internet y dispositivos tecnológicos dejó a una gran parte de los estudiantes fuera del sistema. Según datos oficiales, casi el 30% de los estudiantes abandonaron sus estudios durante la crisis sanitaria.
En el ámbito de la salud, la situación es igualmente crítica. La promesa de cobertura universal de salud sigue siendo una mentira disfrazada de logro. Los hospitales públicos están colapsados, con pacientes esperando días por atención médica en pasillos abarrotados. La falta de medicamentos esenciales y la infraestructura obsoleta reflejan una gestión ineficiente y carente de planificación estratégica.
Las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión son una epidemia silenciosa que el sistema no está preparado para manejar. Mientras tanto, el gobierno se jacta de cifras macroeconómicas sin atender los problemas cotidianos de salud que afectan a miles de dominicanos. La pandemia también reveló la fragilidad del sistema, con hospitales desbordados y un personal de salud sobrecargado y mal remunerado.
La relación entre educación y salud es evidente: un individuo educado tiene más probabilidades de cuidar su salud y la de su familia. Sin embargo, en la República Dominicana, la falta de educación adecuada también perpetúa conductas que deterioran la salud pública, desde una mala alimentación hasta la escasa atención a la salud mental.
Por otro lado, una población enferma no puede rendir académicamente. Niños con desnutrición, anemia o problemas de visión no logran alcanzar su potencial en el aula. Además, la falta de programas de salud mental en escuelas y comunidades ha contribuido a una creciente crisis de bienestar emocional que afecta a estudiantes y maestros por igual.
El fracaso gubernamental no es solo una cuestión de recursos, sino de prioridades mal asignadas. Mientras se destinan millonarios presupuestos a proyectos de infraestructuras poco transparentes, la educación y la salud languidecen en la marginalidad.
Es innegable que la tecnología podría ser una herramienta transformadora para ambos sectores. Sin embargo, las iniciativas tecnológicas del gobierno suelen ser mal diseñadas, con falta de capacitación para el personal docente y sanitario, y con una implementación que excluye a las comunidades más vulnerables.
La República Dominicana no puede permitirse seguir ignorando los pilares fundamentales del desarrollo humano. El gobierno debe asumir una responsabilidad genuina en la construcción de un sistema educativo y de salud inclusivo, eficiente y equitativo.
Invertir en educación no es solo construir más escuelas; es garantizar calidad en la enseñanza, reducir las desigualdades y preparar a los estudiantes para un futuro competitivo. En salud, es imperativo fortalecer la infraestructura, garantizar el acceso a medicamentos y priorizar la prevención de enfermedades.
La ciudadanía debe exigir cuentas a los responsables de este fracaso sistémico. Solo a través de una movilización social constante y la voluntad de priorizar el bienestar colectivo, la República Dominicana podrá aspirar a un futuro mejor. Si el gobierno sigue ignorando estos sectores, no será solo un fracaso administrativo, sino una traición al futuro de la nación.
