Buenos días. El Gobierno tiene la obligación de desplegar todos los esfuerzos a su alcance para evitar que la necesaria repatriación de haitianos indocumentados, se empañe con acciones desaprensivas que sirvan de caldo de cultivo a conspiradores internos y externos de nuestra soberanía e independencia. Los abusos, atropellos e irrespeto a los derechos humanos jamás deben tener espacio en los operativos que resueltamente tiene en marcha el Gobierno, menos aún ciertas prácticas indecorosas, corruptas, que son del dominio público. Actuar con flojera, hacerse el indiferente ante cualquier vestigio en las direcciones indicadas, no solo empañaría la decisión oficial, sino que la descalificaría por completo. La autoridad tiene que enviar la señal inconfundible de que cuenta con un plan maestro para evitar nuevos flujos de haitianos ilegales. Tiene que convencer de que no asistimos a un nuevo operativo, a nuevas recadadas que desaparecen al cabo de unas cuantas semanas y todo retorna a su punto de origen. ¿Existe ese plan? ¿Está el Estado dominicano en capacidad para proteger, sellar lo largo y ancho de la frontera? ¿Cómo erradicará el trasiego diverso y abundante resultado de la mafia que opera en ella? ¿Seguirá en marcha o no el despojo de dinero a haitianos por parte de policías y militares, al grado de que muchos haitianos tienen como visado llevar encima unos cuantos miles de pesos para comprar su libertad? ¿Hay conciencia plena y por consiguiente vías de acción planificadas para evitar que las deportaciones masivas afecten áreas sensibles hoy dependientes de la mano de obra haitiana? Aun estando en pleno derecho de sacar de su territorio a todo extranjero que lo habite de manera ilegal, la autoridad está en la obligación de actuar con sobrada sabiduría…
