– Mientras esas exenciones no estén atadas a metas de precios finales verificables para el consumidor, seguirán siendo percibidas como un privilegio que profundiza la desigualdad en el país. ¡Y, tristemente, los beneficiarios ni son auditados y mucho menos rinden cuentas a la sociedad de los escandalosos millones que reciben!-
(Cuarta entrega)
Buenos días. Conviene que el Gobierno anule la entrega libre de impuestos de miles de millones de galones de combustibles, que por año superan los 30 mil millones de pesos, a empresarios ligados a la generación eléctrica, la minería y las construcciones. La acción es justificada con una pretendida reducción de la electricidad y para que las obras de infraestructura, tengan costos menores. ¡Pero esos no son los beneficios que el ciudadano recibe! Y no son porque el precio final de la energía o del bien (como un apartamento o el peaje de una carretera), suele estar indexado a valores del mercado internacional o a contratos de largo plazo, que al final protegen la rentabilidad del empresario, no el ahorro del consumidor. Muchas generadoras venden su energía al Estado mediante contratos que ya tienen precios fijados y aunque el combustible les salga más barato por la exención, el precio de venta de la energía no baja automáticamente, simplemente aumenta el margen de beneficio de la generadora. Además, hay viejas denuncias acerca del «desvío» de combustibles exonerados que terminan de forma irregular en el mercado, lo que nunca ha sido enfrentando, representado esto una doble estafa. Y en lo referente al sector construcción, las empresas argumentan que el combustible exonerado es solo una fracción de sus costos y que el aumento en materiales (acero, cemento, fletes), absorbe cualquier beneficio que reciban. En definitiva es un “abuso legalizado” que mientras esos poderosos sectores reciben combustible libre de impuestos para sus operaciones sin devolver nada, el ciudadano común, a quien se le pide sacrificio, ese que usa su vehículo para ir al trabajo o el pequeño comerciante, que los apagones le obligan a usar una planta eléctrica, pague la tasa completa para cubrir el hueco que dejan las mentadas exoneraciones en el presupuesto nacional. Mientras esas exoneraciones no estén atadas a metas de precios finales verificables para el consumidor, seguirán siendo percibidas como lo que son, un privilegio que profundiza la desigualdad en el país. ¡Y, tristemente, los beneficiarios ni son auditados y mucho menos rinden cuentas a la sociedad de los escandalosos millones que reciben! Seguimos…
