Buenos días. Es cotidiano leer titulares en los diarios acerca de violaciones a niños y adolescentes en República Dominicana. Si se pone atención, se descubre que ese detalle ha estado presente cada día de la semana que transcurre. Incluso, uno de los diarios se refiere hoy a la condena de 20 años que le fuera impuesta a un individuo que, en San Pedro de Macorís, al Este del país, violara a una menor. Estas tragedias se hacen normales y comunes ante la vista indiferente no solo del propio Estado, sino de la sociedad y sus instituciones. Nosotros hemos sugerido una y otra vez que, ante el indeseado y creciente fenómeno, se debe cambiar de visión y actitud, adoptando correctivos eficaces que sirvan de escarmiento. Es hora de la aprobación de una Ley que consigne la castración química obligatoria para toda clase de violadores, abusadores, hostigadores, que conviertan a niños en víctimas de sus enfermedades. ¡Pero parece que pesan más intereses y pruritos religiosos que la urgente necesidad de cortar de raíz el mal! Por eso es que vivimos cuestionando al servicio de quién está el Congreso Nacional, al igual que otros poderes a quienes al parecer, ni le va ni le viene que estas aberraciones sigan ganado terreno en este paisaje…
