Buenos días. Hace un año que el Gobierno dio inicio a los operativos de deportaciones masivas de haitianos indocumentados. La Dirección General de Migración alega que, en comparación con el año 2024, las deportaciones registran un incremento del 72 por ciento en los primeros diez meses de 2025. Afirma que mientras el año pasado hubo un total de 180 mil 417 deportaciones, en lo que va de 2025 la cifra se elevó a 310 mil 499. Nadie tiene interés de restar mérito a lo indicado por las autoridades, pero es inevitable que surjan inquietudes respecto al desempeño exhibido y a los resultados arrojados por este. Sin importar dónde se esté ubicado en el territorio nacional, hay una muy baja percepción respecto a que, en ese pedazo de país, las deportaciones hayan contribuido a disminuir la presencia masiva de los vecinos. Sí se debe admitir que, en el tema de las atenciones hospitalarias, ha habido irrefutables progresos. Muchos criollos consideren que las medidas oficiales solo sirven para apagar el fuego, pero que, mientras tanto, las llamas continúan quemando por debajo y colocando en situación de peligro la preservación del territorio patrio. Se trata de un asunto serio donde no hay especio para medias tintas. Se trata de la necesidad de que se asuma una mil veces reclamada política de Estado que prevea lo que pudiera pasar en renglones como la agricultura y la construcción, entre otros. Además, ¿se ha ponderado el tiempo que, al ritmo que vamos, necesitaría el país para regular la presencia de unos cuatro millones de haitianos que ilegalmente habitan en nuestro territorio?
