Buenos días. El gobierno se propone “dejar un legado a la República Dominicana” en materia de reformas, según lo formulara el ministro de la presidencia Joel Santos. Desde ya se prepara el ambiente para, en los próximos cuatro años, involucrar al mayor número de actores políticos, sociales y económicos a los fines de materializar el propósito de las autoridades. El tiempo alcanzará para conocer y debatir los detalles de cada proyecto reformador, pero mientras tanto, nos parece interesante que se analice la posiblidad de incluir una reforma estructural al modelo de democracia que vivimos los dominicanos. Por enésimas razones, nos da por entender que el sistema representativo nuestro no funciona como se prevé en los papales.No proporciona una auténtica y funcional representación del pueblo en las diferentes instancias del Estado, ni facilita mecanismos medibles de la supervisión, evaluación y efectividad de la supuesta representatividad popular. La democracia nuestra no solo se permite cargar al pueblo su elevado costo y el del sus reducidos privilegiados, sino que adolece de viejas debilidades que gravitan en la progresiva desmejoría de la calidad de vida de las mayorías. El gobierno «del pueblo y para el pueblo» no provee ni garantiza beneficios tangibles en materia económica y social a quienes está llamado a hacerlo. Se devela incapaz de procurar una distribución equitativa de las enormes riquezas que produce el país y persiste en su indiferencia ante las desigualdades en todos los sentidos. Lo cierto es que la democracia criolla descansa en un esquema estructural que favorece a reducidos sectores, los mismos que fungen como poderosos agentes económicos que concentran y manipulan no solo los beneficios de una economía en sostenido crecimiento, sino el comportamiento del mercado interno. De ahí que el ambiente de reformas auspiciado por las autoridades, coloca a República Dominicana en dos posibilidades interesantes: reformar la democracia u oficialmente privatizarla.
