Buenos días. En lo absoluto es vergonzoso que el Colegio de Abogados de República Dominicana deba apelar a la intervención del presidente de la república, Luís Abinader, para que le ayude a recuperar sus oficinas, recursos económicos, bienes y pertenencias en sentido general. No se supone que el mandatario distraiga su limitado tiempo para ocuparse de una situación que no está a nivel de su saturada agenda, además de que se trata de un asunto que fue sancionado por jueces, quienes dictaron los procedimientos a seguir. Y resulta aún más penoso, o más bien aborrecible, que el gremio de los abogados se vea obligado a someter por ante el Tribunal Superior Administrativo al director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien olímpicamente se niega a retirar los agentes que mantienen secuestradas las oficinas del gremio, a pesar de que así lo ordenan varias sentencias. Ese proceder autoritario coloca al país frente a una demostración de desprecio inaceptable a la institucionalidad y, a la vez, ante un vulgar desacato cuyas intenciones al menos son sospechadas por todos. El Colegio de Abogados está en pleno derecho de asumir el control de su local, de administrar y proteger sus bienes, de recuperar su normalidad como instancia amparada en una ley, pero también la sociedad dominicana no tiene por qué seguir presenciando un triste espectáculo digno de caverna, menos por el mero hecho de que quienes perdieron las últimas elecciones del CARD, a estas alturas del juego, se resisten a admitir su derrota. ¡Cuanta dignidad!
