La ineficiencia gubernamental como estrategia de transferencia al sector privado
En la República Dominicana, parece haber una estrategia deliberada por parte del gobierno para mostrar la ineficiencia de la gestión pública, con el fin de transferir servicios esenciales al sector privado. Este fenómeno no es nuevo, pero los recientes ejemplos que han surgido son alarmantes y merecen un análisis profundo.
El caso del agua: De la ley consensuada al abandono
Hace cuatro años, se encontraba en vías de aprobación una ley de agua socializada, fruto de un amplio consenso por parte de una comisión bicameral. Este proyecto de ley establecía al Estado como el único regulador del sector, asegurando que el agua, un recurso vital, continuara bajo la administración pública para el beneficio de todos los ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno actual, en lugar de avanzar con esta propuesta, decidió descartarla. En su lugar, crearon una «Mesa del Agua» que hasta ahora ha demostrado ser ineficaz, incapaz de tomar decisiones o implementar políticas concretas para resolver los problemas hídricos del país. Como si eso fuera poco, se contrató una empresa israelí para asesorar en el manejo del agua, pero ese proyecto también fracasó, lo que demuestra la falta de una visión clara y comprometida con el bienestar social.
Educación: De la fortaleza pública al resurgimiento de lo privado
En el ámbito educativo, se ha evidenciado una tendencia preocupante. Para el año 2020, se observó un fenómeno inusual: estudiantes de colegios privados migraban en masa hacia las escuelas públicas debido a las facilidades y mejoras en el sistema educativo estatal. Esto provocó que algunos colegios privados cerraran sus puertas, incapaces de competir con las ventajas que ofrecía el sistema público.
No obstante, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hoy, en lugar de fortalecer aún más la educación pública, el gobierno ha optado por pagar a colegios privados para que reciban estudiantes de escuelas públicas. Esta medida no solo representa un retroceso, sino que también implica un gasto innecesario de recursos públicos que podrían invertirse en mejorar las escuelas estatales y mantener el liderazgo que una vez tuvieron en el sector educativo.
Energía: Del fracaso a la entrega al sector privado
El sector energético ha sido otro ámbito en el que se ha evidenciado una inclinación hacia la privatización. A la cabeza del Consejo Unificado de las EDES (Empresas Distribuidoras de Electricidad), se encuentra un personaje cuyo historial está marcado por fracasos en administraciones pasadas bajo los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Este individuo, que ya había mostrado su ineficiencia como administrador de la antigua Corporación Energética Estatal, ahora se le otorgan múltiples cargos: presidente de las EDES, presidente del Consejo de Administración de Punta Catalina y vicepresidente del Gabinete Eléctrico.
Lo más preocupante es que, en esta gestión, se han otorgado a un empresario privado responsabilidades críticas del sector eléctrico. Esto incluye no solo la administración de las EDES, sino también la presidencia del Consejo de Punta Catalina y la vicepresidencia del Gabinete Eléctrico. Este nivel de concentración de poder en manos de un individuo con antecedentes en el sector privado genera serias dudas sobre la transparencia y los intereses que realmente están en juego.
Además, parece haberse adoptado una política de no pagar a ETED (Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana) y a EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana), dos empresas públicas que históricamente han sido rentables. Esta decisión, que aparenta ser una medida de presión para llevar estas empresas a la quiebra, alimenta las sospechas de que se están preparando para su eventual venta al sector privado.
Minería y Energía: Un sector estratégico en manos privadas
Por si fuera poco, el actual Ministro de Energía y Minas proviene también del sector privado, lo que refuerza la tendencia de entregar áreas estratégicas del país a empresarios, en lugar de fortalecer la gestión pública. Esto no solo plantea un conflicto de intereses, sino que también socava la confianza en que el Estado pueda actuar de manera imparcial y en beneficio de la ciudadanía.
La amenaza de una privatización silenciosa
Estos ejemplos son solo la punta del iceberg de lo que parece ser una estrategia deliberada para desmantelar la capacidad del Estado en la gestión de servicios básicos, abriendo la puerta a una privatización silenciosa. Esta tendencia no solo pone en riesgo la equidad y el acceso a servicios esenciales, sino que también amenaza con concentrar aún más el poder y los recursos en manos de unos pocos, en detrimento de la mayoría de la población.
La ciudadanía debe mantenerse alerta y exigir transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Es fundamental defender el papel del Estado como garante del bienestar social y resistir cualquier intento de debilitar su capacidad para cumplir con esa función. El futuro de la República Dominicana depende de ello.
